Tras la desaparición de César Ezequiel Rico de la Cerda en Tijuana, Baja California, su madre, Bárbara Martínez, entró en una crisis nerviosa que no ha terminado.
Dos años después, el 3 de diciembre de 2020, su segundo hijo, Esteban Uriel, fue visto por última vez con policías municipales de Rosarito, y no se supo más sobre su paradero.
La ausencia de sus dos hijos y la búsqueda de verdad y justicia han afectado la salud física y mental de Bárbara, que solicitó apoyo sicológico a la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas de su entidad, luego de tres intentos de suicidio. Leer más: Embajador de EU confía en que AMLO acuda a cumbre
“Si no lo pude lograr en esas tres veces es porque no quieren que me vaya sin encontrar a mis niños. Nadie debería pasar por esto, y menos doble vez. Cambió totalmente mi vida. Es difícil. No duermo. No puedo dejar de pensar en dónde están”, lamenta.
Bárbara se ha percatado de que los miembros de su colectivo de búsqueda de desaparecidos también padecen depresión y ansiedad, y algunos suman otras enfermedades que merman su calidad de vida.
EL UNIVERSAL entrevistó a colectivos de 15 entidades federativas. Las víctimas catalogadas por ley como “indirectas” de los estados de Baja California, Coahuila, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Veracruz refieren el notable deterioro en su salud a raíz del hecho victimizante y el abandono institucional en el que se encuentran debido a la falta de medidas de apoyo.
La desaparición de un ser querido es una dosis de estrés y ansiedad por tiempo indefinido. No hay duelo. Son días, meses o años y los estragos que causa esa incertidumbre pueden derivar en problemas mentales, cardiovasculares, dentales, estomacales, cerebrales, respiratorios y adicciones. Las afectaciones se agravan con el paso del tiempo y ante la falta de seguimiento.
El médico Manuel Ramírez ha analizado los impactos de la desaparición como profesional de la salud y como víctima. Es padre de Mónica Alejandrina Ramírez Alvarado, que fue secuestrada y desaparecida en el Estado de México el 14 de diciembre de 2004. Pidieron rescate por su vida, pero no volvieron a saber de ella.
Desde el inicio lo acompañó la ansiedad y, al poco tiempo, presentó hipertensión arterial y diabetes; después le diagnosticaron retinopatía diabética y dermatitis causada por el estrés.
“Las enfermedades se vinieron en cascada”, cuenta.
“Nuestras circunstancias dicen que no son producto del hecho victimizante. No entienden que sí tienen un trasfondo y vienen de ahí”.
La Red de Enlaces Nacionales (REN) realizó un informe sobre siete dimensiones de la desaparición. En el documento explica las repercusiones de este delito en las víctimas indirectas y señala que tras el suceso las principales afectaciones son a la salud síquica y emocional, además de un desgaste físico y de recursos económicos. La REN está conformada por más de 160 colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en 27 estados de la República, y ha documentado más de 2 mil casos de ausentes.
El informe muestra que los estragos en la salud tras la desaparición detonan o complican enfermedades como el Alzheimer, fragilidad ósea, depresión, párkinson, parálisis facial, colitis, ansiedad, estrés postraumático, diabetes, alcoholismo, trastorno bipolar, dificultad de concentración, infartos e hipertensión.
Juana Solís y Antonio González han pasado por complicaciones económicas y de salud desde que sucedió la desaparición de su hija Brenda Damaris el 31 de julio de 2011, en Nuevo León.
“Aparte de enfermarnos quedamos en la ruina por la búsqueda y por la depresión; me corrieron del trabajo”, narra Juana.
Hace dos meses sufrió un colapso mental y necesitaba ayuda inmediata. Solicitó apoyo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de su entidad, pero le dijeron que debía esperar. La misma respuesta la obtuvo Antonio.
“Mi esposo ha estado con depresión. Estuvo igual que yo de desesperado, llorando. Ya son 11 años y para nosotros es igual como si fuera ayer. Hemos solicitado ayuda con el sicólogo y seguimos esperando. De aquí a que llega ya me volví loca, o ya me maté”, dice Juana. Leer más: Gasta la SEP 218 mdp en medallas de oro
Más de 100 mil desaparecidos
El 16 de mayo México alcanzó las 100 mil personas desaparecidas, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas del gobierno federal. A pesar de esta cifra, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) sólo tiene registradas 2 mil 221 familiares de víctimas del delito de desaparición, de las cuales mil 529 han recibido canalizaciones o atención sicológica, de acuerdo con la respuesta a una solicitud de transparencia realizada para este trabajo.
Las limitaciones o ausencia de medidas de apoyo a los afectados, así como el abandono institucional del sector Salud y la falta de operación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas va en contra de lo estipulado en la Ley General de Víctimas de 2013.
El extitular de la CEAV (2017-2019) y actual comisionado estatal de Atención a Víctimas de Guanajuato, Sergio Jaime Rochín del Rincón, menciona que muchas veces los estados no tienen las condiciones para brindar la atención.
“Es importante reformar varios artículos de la ley [de víctimas] para atender situaciones que no deriven directamente del hecho victimizante. El cuerpo resiente el dolor emocional y eso es algo que la ley no contempla”, valora el funcionario.
“No sólo pierden la salud, también pierden la vida buscando a sus hijos. Es una doble tragedia en el entorno familiar”.
Rochín del Rincón afirma que es importante trabajar en las causas porque ningún país, recurso o presupuesto alcanza si continúa la espiral de desapariciones como la que se registra en México.
Desgastes óseos
Quienes se dedican al rastreo de fosas clandestinas para localizar personas desaparecidas suman diversos padecimientos. Sus cuerpos presentan desgastes en manos y rodillas, entre otras zonas. Mario Vergara sufrió degeneración de cartílago tras varios años de búsqueda de su hermano Tomás Vergara, secuestrado el 5 de julio de 2012.
“Los procesos de búsqueda son extremos y las familias llegan a presentar desgastes óseos; aunado al estrés, el agotamiento físico es mayor. Las afectaciones se pueden dar de manera generacional y no hay programas especiales diseñados para dar acompañamiento emocional”, dice María Sol Salgado, de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México.
Dentro de sus recomendaciones, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) pidió al Estado mexicano “reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección”. Durante su visita en noviembre de 2021 tuvo conocimiento de las limitaciones de presupuesto, personal y la revictimización que viven los afectados por parte de las instituciones.
“No hay corresponsabilidad institucional en la atención, en áreas como salud, desarrollo social o educación; y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no cuenta con medios para que otras instituciones se vinculen en estos procesos, lo que provoca que las víctimas queden desatendidas”, destacó el CED.
También señaló las dificultades que enfrentan las víctimas para acceder a los servicios médicos que necesitan para tratar los problemas de salud.
El cáncer
Colectivos de madres y padres de familia entrevistados consideran que diversos tipos de cáncer sí pueden estar relacionados con los efectos de tener un ser querido desaparecido; sin embargo, no existen estudios científicos que lo avalen.
Roberto Galván, originario de Chihuahua, murió de un tumor cerebral que se diseminó a otras partes de su cuerpo. Era padre de Roberto Galván Llop, desaparecido el 28 de enero de 2011.
Mayra Itzel Arteaga Cerón desapareció en la Ciudad de México el 27 de junio de 2019, su madre, María Rosa Cerón, murió de cáncer sin hallar la verdad.
María Esther Montero y Gregorio Cano eran padres de Paolo César, desaparecido el 29 de octubre de 2010 en Michoacán. Los esfuerzos por localizar a su hijo se vieron frustrados por el cáncer y fue esta enfermedad la que les arrebató la vida en 2019 a Gregorio, y en 2021 a María.
El médico oncólogo del Instituto Nacional de Cancerología, Óscar Arrieta Rodríguez, refiere que el estrés puede condicionar muchas enfermedades cardiovasculares como cerebrales, pero no hay pruebas sobre el cáncer.
“Seguramente en algunas circunstancias puede influir, pero es muy difícil de cuantificar. El estrés lo que genera son niveles altos de cortisol y eso puede inmunosuprimir. Si hay una asociación, debe de ser baja, pero no hay nada contundente o que se haya demostrado”, explica.
En los estados, poca atención
Para este reportaje se pidió información por transparencia a la CEAV, y ésta vinculó la petición a los Centros de Atención Integral de los estados.
Las entidades federativas que más atención a víctimas registran son Querétaro, con 153; Jalisco, con 69; Guerrero, 67; Tamaulipas, 67; Guanajuato, 51; Coahuila, 50; Morelos, 44; San Luis Potosí, 27; Nuevo León, 21; Chiapas, 18; Michoacán, 17, y Puebla, 17.
El estado de Zacatecas incluyó a grupos más amplios: 16 personas y seis núcleos familiares. El resto de las entidades no superaron la decena de atenciones, y hay cuatro que informaron de cero registros, como Campeche, Colima, Oaxaca y Sonora.
En el caso de Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz y Tabasco no entregaron datos.
Las atenciones reportadas recurrentes son sicológica, siquiátrica, enfermedades relacionadas con la vista, problemas de presión, revisiones dentales, depresión, hipertensión y ansiedad, entre otras.
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