Lograr que un caso de feminicidio se judicialice y se dicte sentencia representa un “mensaje pedagógico” para que agresores de mujeres sepan que son delitos y no habrá impunidad, asegura la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), Fabiola Alanís.
En entrevista con EL UNIVERSAL, asegura que en este tema se trabaja de la mano con el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, para que los delitos no queden impunes.
“A quienes son agresores de mujeres, quien ha asesinado a una mujer, quien ha violado u hostigado, es bueno que sepan que son delitos que poco a poco estamos logrando que no queden en la impunidad”, afirma.
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Además, recuerda que la violación en algunos estados puede alcanzar hasta 40 años de prisión y en feminicidios se han logrado penas vitalicias.
¿Cuál es su opinión sobre el aumento de feminicidios?
—En el caso de feminicidios, sí hay 26 casos más respecto al 2020, pero esto tiene que ver con nuestra insistencia en las fiscalías para que en toda muerte violenta de mujeres, se inicie su investigación como feminicidio. Por eso encontramos un registro de 26 casos más, pero si te vas a homicidios dolosos de mujeres, vamos a encontrar una diferencia entre 2020 y 2021 de menos 46 homicidios dolosos.
Esto es, se registraron 2 mil 792 homicidios dolosos en 2020 y en 2021, 2 mil 746. Cuando haces el balance global de muertes violentas de mujeres, es decir, las que se iniciaron como feminicidio o como homicidio doloso, tienes 20 menos en 2021.
Me da trabajo hasta decirlo, así fuera uno solo ya es doloroso y es una historia de vida y hay detrás toda una carga cultural de misoginia y de discriminación hacia las mujeres. Y decir que hubo 20 menos es una base, pero no es algo como para andarlo difundiendo.
¿Cuáles son los estados en los que se comete más este delito?
—La identificación territorial del fenómeno vale la pena decirlo porque en seis entidades federativas se concentra más de 56% de las muertes violentas. Yo le decía hace unos días al fiscal general de Guanajuato: “Algo está pasando porque este estado nunca había estado en el primer lugar nacional y se nos desbordó en 2021”.
Guanajuato trae en ese año 345 muertes violentas de mujeres y después traemos al Estado de México, con 335. En Tijuana, Baja California, se tienen 18 casos clasificados como feminicidio, y luego Chihuahua, con 292 y Jalisco, con 248.
Estos son los datos hasta noviembre. Todavía no hacemos el balance de diciembre pasado. Entonces, sí hay una identificación territorial muy clara.
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¿Qué es lo que se está haciendo para disminuir las cifras de feminicidio?
—Lo que estamos haciendo tiene que ver con la prevención porque no queremos que ocurran estos delitos, ni la violencia sexual, la patrimonial, la sicológica, la familiar; ningún tipo de violencia. Este año tenemos la meta de extender masivamente los servicios de atención a las mujeres. Hacer posible que cada municipio cuente con los servicios de prevención de las violencias, con personal especializado, con abogadas y sicólogas con perspectiva de género.
Por eso fue positiva la decisión del Presidente de que los programas que venían operando en lo que era Indesol, ahora están la Conavim, el Programa Nacional de Refugios y programas de apoyo para mujeres en cada entidad. Eso permite planear e identificar dónde tenemos carencia de servicios, por ejemplo.
¿Esto quiere decir que se abrirán más centros de atención?
—Serán unidades locales de atención. En estos momentos se cuenta con 500 solamente de un programa. Tenemos esas unidades locales de atención, que además ahora desde el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) también se están etiquetando recursos para atención y prevención de la violencia contra las mujeres. Vamos a instalar una en Coyuca de Catalán, Guerrero, donde no existía ni un solo servicio.
¿Qué está pasando con los femicidios infantiles?
—Nos hemos empeñado muchísimo también en ponerle lupa de doble graduación a las violencias contra las niñas. Es algo que como sociedad no podemos permitir. Junto con las fiscalías hemos logrado un número importante de casos que se han judicializado y esperamos sentencias importantes por parte del Poder Judicial.
Hay condiciones socioeconómicas que determinan los feminicidios infantiles. Si bien la violencia contra las mujeres y las niñas no tiene que ver con la condición socioeconómica, cultural o étnica, es cierto que las mujeres más desfavorecidas son las más vulnerables. Hay muchas mujeres que tienen que salir a trabajar y encargan a sus hijos.
Atendimos el caso de una niña de dos años que fue violada por su tío. Sí hay otra pandemia que se está haciendo más visible.
¿Qué tanta impunidad existe en el delito de feminicidio?
—Ha ido modificándose. Ha ido incrementándose el número de carpetas judicializadas. En términos generales, de todos los delitos, el 3% se logra judicializar y el 1% sentenciar. Es decir, nos sale debiendo el Poder Judicial. Ahí es donde tenemos uno de los mayores desafíos.
Hemos estado atendiendo desde hace dos meses un asunto muy delicado de una persona que ya tiene varias carpetas de investigación por tentativas de feminicidio y una jueza, teniendo todos los elementos, le concede un amparo.
Entonces, este es uno de los más grandes desafíos con el Poder Judicial, porque han liberado a presuntos feminicidas.
¿Qué hacer con el Poder Judicial para que camine a la par de las instituciones que trabajan para erradicar la violencia contra las mujeres, como Conavim?
—Pues estamos esperando la respuesta del Poder Judicial. Estamos esperando que los jueces actúen con perspectiva de género, que entiendan que violentar a una mujer no es un delito cualquiera, es un ilícito que tiene que ser abordado en su contexto, en su dimensión histórica.
No es por falta de instrumentos legales, hay sentencias de la Corte, protocolos y leyes. Lo que hace falta, es que se apeguen al derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencia. Sí, nos están quedando a deber.
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