De enero de 2020 a marzo de 2021, el gobierno federal suscribió 2 mil 182 contratos a través de 42 entidades y dependencias, la mayoría del sector salud . Lo anterior para atender la emergencia sanitaria, y cuyos montos suman más de 14 mil millones de pesos.
Se trata de información identificada en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), y que ahora es público en el micrositio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI ).
Uno de los responsables de la implementación del micrositio, el Comisionado Adrián Alcalá Méndez, explicó que la publicación de los contratos permitirá detonar esquemas de transparencia proactiva, rendición de cuentas y combate a la opacidad en las contrataciones públicas realizadas durante la pandemia.
El comisionado recordó que para hacer frente a la emergencia sanitaria, el Gobierno de México dotó a seis dependencias de facultades para realizar compras mediante adjudicación directa : el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Salud (SSA).
Señaló que estas instituciones hicieron uso de este decreto, de forma tal que las contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa representan 95.6 por ciento de todos los contratos celebrados por el sector salud durante la contingencia y 94.7 por ciento del sector no salud, de acuerdo con el análisis de información contenida en la PNT.
Por ese motivo, advirtió la necesidad de promover esquemas de transparencia presupuestaria que den cuenta del uso y destino de los recursos públicos para que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión pública de la emergencia sanitaria.
“Desde el INAI les reiteramos la invitación a todas las instituciones del Estado a sumarse a los esfuerzos para abrir la información de las contrataciones públicas bajo altos estándares de calidad y, sobre todo, bajo el principio constitucional de máxima publicidad. Que no haya duda, las contrataciones públicas abiertas se traducen en mejores bienes, servicios, obras e infraestructura y esto da la garantía de importantes derechos para las personas”, enfatizó.
El Comisionado Oscar Guerra Ford afirmó que el micrositio tiene tres objetivos principales: publicitar y transparentar los contratos del Gobierno federal para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19; dar utilidad a la información que se encuentra en la PNT, mediante un ejercicio de transparencia proactiva; así como descubrir áreas de oportunidad para mejorar la información publicada por los sujetos obligados.
“Tenemos -en la PNT- una herramienta muy poderosa, con muchísima información. Tan solo de un año tenemos 8 millones de contratos (…) hay que seguir mejorando la publicación de información que permita seguir haciendo vigente el principio de máxima publicidad y que la gente vea que lo que se publica y toda esa información que está en la PNT tiene un valor agregado. Podemos discutir lo que le falta de información, pero por qué no también discutimos que lo que ya está lo podríamos utilizar de forma importante para hacer estudios, análisis, etcétera”, aseveró.
En su exposición, el Comisionado Guerra Ford precisó que toda la información es de la PNT y explicó que para recopilarla, primero, se definió el periodo, de enero de 2020 a marzo de 2021; después, se identificaron las entidades y dependencias del sector salud y aquellas que también hicieron compras para la emergencia , en total, fueron 42, y finalmente, se hizo una búsqueda por palabras clave de los contratos celebrados por esos sujetos obligados, de la cual se localizaron 2 mil 182 contratos COVID, a partir de los cuales se advirtió que “en estos 15 meses el Estado mexicano se gastó, a nivel federal, 14 mil millones de pesos, o sea, 18 años del INAI”.
En su oportunidad, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena , aseguró que los diversos procedimientos de contratación pública llevados a cabo por las autoridades durante la crisis sanitaria, además de implicar el uso de grandes cantidades de dinero, están expuestos a riesgos asociados con actos de corrupción o discrecionalidad en el manejo de los recursos.
“Esto no solamente socava las finanzas públicas, sino que también la calidad de los productos se ve mermada y la competencia en los mercados; también vulnera los derechos humanos, debilita la reputación de las instituciones y, por tanto, mina la confianza que la ciudadanía deposita en las autoridades”, subrayó.
Ante ello, Ibarra Cadena sostuvo que “la gestión transparente, íntegra y eficaz de los recursos utilizados en las distintas etapas de la contratación pública constituye una condición necesaria para aprovechar al máximo los beneficios que ofrecen estos procesos para impulsar un desarrollo sostenible, crecimiento y competitividad en nuestro país”.
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