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En los primeros días de noviembre de 2018, pocas semanas después del inicio de la caravana migrante que entró por Chiapas con destino a Estados Unidos, dos camiones llenos de personas desaparecieron. Un grupo de entre 80 y 100 individuos, de diversas nacionalidades centroamericanas, en su mayoría mujeres y niños, fue invitado por unos hombres a subir a los vehículos que los llevarían a Sinaloa, donde les prometieron trabajo y techo. Casi un año después, nadie sabe dónde están.
EL UNIVERSAL reconstruyó la historia con testigos de los hechos, de los cuales no se dará ninguna referencia para su protección.
Las migrantes salieron de Isla Blanca, Veracruz, hacia Puebla, con intención de dirigirse a la Ciudad de México. En el primer punto, personas que venían en la caravana se subieron a camiones de carga; los choferes les cobraban montos variados, según los testigos.
Las unidades venían tapadas con toldos. Una de las personas que iban en la sección de la cabina bajó e hizo una lista con los nombres de los pasajeros.
Por este sistema partieron varios camiones de carga con migrantes, que dejaron a los tripulantes en una gasolinera en la capital de Puebla. Allí había otros dos autobuses de pasajeros esperando.
De acuerdo con los testigos, unas personas estaban a la expectativa de ver a las personas de la caravana. Los reunieron y les dijeron que les darían trabajo, casa y que les iban a pagar muy bien en Sinaloa. Pidieron credenciales, pero nunca se identificaron como miembros de alguna organización.
En ningún momento se denunció algún acto de violencia o que esas personas estuvieran visiblemente armadas o que amedrentaran a los migrantes.
Secuestro, trata y tráfico de personas acaparan 51.4% de los ilícitos cometidos contra los extranjeros atendidos por la dependencia. Además, los registros de estos tres delitos aumentaron 802% de 2012 a 2018. También fueron los más reportados en 2014, 2013 y 2018.
Este diario solicitó una explicación al INM sobre cómo funcionan estas denuncias y por qué el desenlace para 845 de los quejosos terminó en un retorno asistido; sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Para Alejandro de la Peña, coordinador de Atención y Servicios de la organización Sin Fronteras, seguramente hay un subregistro: “Ese número refleja a personas víctimas del delito que han tenido contacto con Migración. Eso ya implica una intervención de la autoridad, ya sea porque están ante el INM en un procedimiento administrativo migratorio o porque alguna otra autoridad los rescató de algún proceso de delito o de ser víctima de un ilícito y los puso a vinculación con la dependencia.
“Sin embargo, existe un gran número de personas que no tiene contacto con la autoridad, pero eso no significa que no sean víctimas de delito”, detalla.
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Para un migrante entrar en contacto con la autoridad y levantar una denuncia implica atarse a un proceso legal en México. Por lo tanto, como muchas de esas personas van hacia el norte del país o a otro destino, este proceso los retrasaría, entonces prefieren no realizar ninguna querella, explica el coordinador De la Peña.
El 2018 se convirtió en el año con la mayor cantidad de denuncias de migrantes ante el INM. Si se toma en cuenta años completos se observa que se disparó de 106 víctimas en 2012 a mil 386 en 2018, es decir, un incremento en seis años de 1207%.
De forma paralela, en los últimos años se ha producido un aumento en la detención de extranjeros en México: en 2017 hubo 93 mil casos; para 2018, esa cifra se elevó a 135 mil, y en lo que va de 2019 pasó a 144 mil, según datos de Migración. La mayoría fue de centroamericanos.
Visibilizar los delitos
La Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, reporta secuestros masivos desde 2009. Los grupos migrantes les compartían que decenas de personas de ese sector que viajaban en el ferrocarril eran aventados desde los vagones a camionetas pickup y de ahí eran llevados a casas de seguridad.
“Tenemos conocimiento de este tipo de hechos, sobre todo en zonas muy complicadas como Tamaulipas, Estado de México y Veracruz, donde las personas eran bajadas de los camiones y eran desaparecidas. En los mejores casos hablaban de un secuestro y en los peores eran desapariciones”, explica Alberto Xicoténcatl, director de la Casa del Migrante.
Para el representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Jan Jarab, la trata de personas migrantes en el país tiene la forma de un iceberg.
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Sólo se conoce la parte que sale del agua, pero asegura que hay una enorme y desconocida red de entes que participan. En muchos estados hay una negación por parte de las autoridades.
“Recuerdo varias autoridades de Puebla que me dijeron que allí no existe la trata de personas, aunque haya informaciones de la sociedad civil que dicen que en esa entidad, en Tlaxcala y algunos otros estados, ese delito es muy frecuente. Esta problemática se cruza parcialmente con la de migración”, afirma.
Señala que si la impunidad en general ya es alta en México, la situación para los migrantes es aún peor porque las autoridades no les toman denuncias.
“Hay casos reportados en los que las autoridades están coludidas con el crimen organizado. Es muy probable que haciendo una denuncia quien va a perder su libertad sea el migrante que acusa”.
Opacidad en desaparición de migrantes
Para esta investigación se solicitó información a las fiscalías generales de la República (FGR) por llevar los casos de trata de personas, del Estado de Puebla, que lleva el caso de la desaparición de los camiones en noviembre de 2018, así como al Instituto Nacional de Migración. Hasta el cierre de la edición, ninguna de las dependencias había dado alguna postura al respecto.
“Me parece que México es hoy por hoy un país donde los riesgos para las personas migrantes siguen siendo enormes”, dice Jarab.
Lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a los migrantes durante su campaña y ya en el poder, está muy lejos de la realidad: de pretender ayudar a que las personas centroamericanas tuvieran empleo y protección en México, se cambió a órdenes de contención y de “rescate”, eufemismo de detención, por parte de la Guardia Nacional en las carreteras de las ciudades fronterizas en el sur de México y en aquellas que están en la ruta migrante.
En un acuerdo con Estados Unidos para disminuir el flujo migratorio, el gobierno mexicano comenzó a poner más barreras para los migrantes, hecho que los ha orillado a intentar cruzar por lugares más peligrosos.
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Estados que son riesgosos para la migración, como Veracruz y Puebla, tienen muy pocas acusaciones en la base del INM. En los últimos meses se han denunciado asesinatos de migrantes después de pasar retenes en carretera, así como accidentes en ríos tratando de evitar los nuevos patrullajes.
La nueva política en la materia expone a los migrantes a nuevas rutas y con menor vigilancia.
Con esta contención, sentencia Jan Jarab, “las personas migrantes se vuelven menos visibles. Escondiéndose escogen caminos más peligrosos”.
