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En su última sesión, previo a quedarse sin quorum para reunirse como pleno por la falta de consejeros, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), aprobó interponer una controversia constitucional contra el Plan B ante la Suprema Corte, al considerar que atenta contra la transparencia y la protección de datos.
“Se avala instruir al Director General de Asuntos Jurídicos, como representante legal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para que interponga Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra de diversas disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de marzo de dos mil veintitrés”, señala el acuerdo aprobado por unanimidad.
En la sesión también se aprobó un recurso de revisión a fin de que la Universidad Nacional Autónoma de México haga pública la tesis del exalumno Andrés Manuel López Obrador, hoy Presidente de la República, así como la copia de su título.
De igual forma, se ordenó a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) transparentar la compra de certificados bursátiles en el año 2020 y 2021, de los cuales, la dependencia informó que se han recuperaron 850 millones de pesos en 2020 y 100 millones en 2021.
“Solicito la documentación que dé constancia de la recuperación del 100% de los recursos que se fueron a certificados fiscales durante 2020 y 2021”, señala el recurso de revisión que quedó avalado.
A la misma dependencia, se le exigió informar de manera pública qué productos, de los hasta 1,200 que actualmente adquiere DICONSA, no se seguirán comprando, y que empresas suministran los mismos, así como las actas de los Consejos Comunitarios que dan cuenta de los productos que no se consumieron, que se hicieron viejos y se echaron a perder, tal como lo mencionó el Director General de SEGALMEX.
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En otro acuerdo, se le mandató a Diconsa informar cuáles son los 40 productos que formarán parte de la canasta básica y cuál es el criterio para incluirlos en la cadena de suministros, así como los documentos que sustenten dicha determinación.
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