La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para extinguir o fusionar 18 instancias gubernamentales permitirá a la Federación obtener más de 2 mil 400 millones de pesos; sin embargo, dejará en vilo a más de mil 917 personas que cuentan con plazas de confianza.
Asimismo, la desaparición del Fondo Minero, que al inicio de esta administración tenía más de 20 mil millones de pesos y hasta el año pasado le quedaban 7 mil millones, afectará a más de 2.5 millones de familias de comunidades mineras, que perderán el beneficio de la sobretasa que paga la industria para infraestructura social en esas zonas.
Por ello, ciudadanía, trabajadores, ONG y especialistas rechazaron la propuesta.
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La iniciativa presidencial elimina el Fideicomiso de Fomento Minero, que beneficiaba a más de 690 comunidades. Se calculan más de 2.5 millones de familias.
Un botón de muestra de los problemas que traerá la erradicación del fondo es el municipio de Ocampo, en Chihuahua, donde hay 14 zonas de asignación minera, lo que ha provocado graves problemas de agua.
“No tenemos agua y con el fondo nos traían pipas, se pagaban servicio de agua potable, drenaje, alcantarillado. Con ese fondo, toda la comunidad recibía alrededor de 5 millones de pesos anuales, y también lo usábamos para alumbrado público, hasta para becas”, dijo a EL UNIVERSAL José Luis Robles, uno de los líderes vecinales ante la Dirección de Obras Públicas local.
En 2020, cuando se eliminaron 109 fondos y fideicomisos, el Fondo Minero fue transferido a la Secretaría de Hacienda, con el argumento de que se darían apoyos directos; sin embargo, los habitantes de las comunidades mineras afirman que no llegó nada.
En el país, 223 municipios interpusieron una controversia constitucional para que el fondo regresara al modelo anterior, pero la Corte sigue sin resolver. “Ahora ya de plano se desaparece, pero sin quitar la sobretasa, y no se sabe en qué se destinarán los recursos”, alertó Ana María Aguayo, exalcaldesa de Ocampo.
La iniciativa del Ejecutivo indica que la “burocracia desmedida” ha generado “obesidad del Estado” y sostiene que en las 18 instancias que se prevé eliminar o fusionar existe duplicación de funciones o “notoria inoperancia”.
En el caso del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia), que se convertiría en Unidad Administrativa de la Secretaría de Salud, “se corre el riesgo de agravar la falta de vacunas y que surjan brotes de enfermedades que estaban controladas antes de la pandemia”, dijo Rodrigo Romero Feregrino, coordinador de la Asociación Mexicana de Vacunología.
El Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) pasaría a formar parte de la Secretaría de Bienestar, pero al no tener autonomía presupuestal, corre el riesgo de “ser asfixiado” por la falta de recursos.
Guillén López, persona con discapacidad, advirtió: “Desde que inició esta administración, ya veíamos venir que trataría de matar de inanición al Conadis. Eso sí, se le ha dado un presupuesto a esta oficina dizque para generar políticas públicas para nosotros y no ha hecho absolutamente nada”.
A la Secretaría de Bienestar, también se integrarían Injuve e Inapam. Al respecto, adultos mayores hicieron patente su preocupación por una posible pérdida de beneficios que tienen con la credencial del Inapam, entre ellos, descuentos en transporte, predial, agua, alimentación, servicios legales, educación, recreación, cultura, ropa y salud.
“¿Qué va a pasar con los apoyos a la gente de nuestra edad? ¿Por qué no sacan un escrito donde se diga de manera clara qué va a pasar? De lo contrario no habrá respaldo en las urnas, verdad”, cuestionó Rubén Montenegro en redes sociales.
Trasladar a las dependencias permitirá eficientar recursos por más de 2 mil 400 millones de pesos; sin embargo, lo anterior generará la transferencia de 3 mil 439 empleados. En las instancias que serán fusionadas trabajan 3 mil 439 personas, pero sólo mil 522 tienen base, mientras mil 917 quedarán en vilo, pues tienen plazas de confianza.
Para Álvaro Ortiz Gómez, abogado laboral, ello generará incertidumbre que puede derivar en demandas laborales, pues al no tener presupuesto garantizado, las instancias pueden verse obligadas a hacer recortes.
“Las trabajadoras y los trabajadores de confianza no tienen acceso a todas las garantías que protegen la estabilidad en el empleo y que aseguran condiciones laborales dignas. Es muy probable que si en los siguientes ejercicios presupuestales las dependencias deciden dar menos a esas instancias que hasta ahora tenían sus recursos garantizandos, haya recortes de personal y los primeros afectados serán los empleados de confianza”, declaró.
El Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) son las más afectadas, toda vez que 100% del personal en ambas es de confianza. En el Inaes son 437 trabajadores, y en la Comar 262.
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La iniciativa del Presidente también plantea eliminar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP), a donde se trasladarán sus recursos (123 millones 197 mil 179 pesos) y personal: 75 trabajadores de confianza.
Dalia Toledo, directora de Finanzas Públicas y Anticorrupción del grupo de expertos Ethos, señaló que se corre el riesgo de que la agenda anticorrupción sea marcada por lo que dicta el Primer Mandatario y no necesariamente por lo que es urgente.
“Es un tema de concentración de poder y la línea que tiene el Presidente de desaparecer órganos autónomos. Que todas las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva las absorba la SFP, le resta autonomía al combate a la corrupción porque el titular de esa área será designado por el Presidente”, explicó.
El Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) dejará de ser un órgano desconcentrado para convertirse en una unidad administrativa del Sistema Integral de la Familia (DIF).
Al respecto, el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, Juan Martin Pérez García, aseguró que tras- ladar las funciones del Sippina al DIF representa una medida anticonstitucional y regresiva: “Es anticonstitucional porque se está pretendiendo con una medida administrativa cambiar lo que ya existe en una ley general. Representa una grave regresión a los derechos de niñas, niños y adolescentes porque vuelve al viejo paradigma de niños atendidos sólo como asistencia. Profundizará los ya de por sí graves indicadores de retroceso en los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hemos enfrentado en estos últimos cuatro años”.
Respecto a la Comar, la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, recordó que tan sólo en 2022 la comisión cerró con 118 mil 470 solicitudes de asilo. Sostuvo que convertir a la Comar en una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación, “sin duda le restará autonomía, independencia e importancia dentro de la estructura”.
En materia de protección a las comunidades, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, así como la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe pasarán a formar parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Para el director de Investigación de Mexicanos Primero, Fernando Ruiz, “realizar una reforma administrativa de este tipo en nada ayuda a los estudiantes de comunidades indígenas, en cambio sí puede generar un problema de implementación.
“La iniciativa del Presidente evidencia lo que dijo la UNESCO recientemente respecto de que México va en retroceso, pues en lugar de refuncionalizar y dotar de presupuesto a esa dirección, le está quitando las funciones para las que fueron creadas”, dijo.
En el caso de la Dirección General de Publicaciones, el exagregado cultural en las embajadas de México en República Checa y Perú, Gerardo Ochoa Sandy, detalló: “Ni el personal de mando ni el sindicalizado fueron consultados para incorporarla al Fondo de Cultura Económica. López Obrador continúa de este modo con su embate a los organismos autónomos. El dinero, lo sabemos, se utilizará en las becas del Bienestar, sus proyectos estratégicos y la campaña presidencial”.
