El paro indefinido de labores que inició ayer contra la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) pone en riesgo de atención 4 mil 39 asuntos diariamente en promedio.
Los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que comprende juzgados ordinarios de Distrito, tribunales colegiados de Circuito y tribunales colegiados de Apelación, tienen a nivel nacional 932 organismos en 77 ciudades o municipios de las 32 entidades federativas.
Según estadísticas del CJF, en 2023 el órgano jurisdiccional documentó un millón 474 mil 355 asuntos con mil 237 titulares y, de aprobarse la reforma en los términos de la propuesta del Ejecutivo, al final de 2026, que es hasta donde se puede tener una proyección certera, se tendrían que atender aproximadamente 2 millones 34 mil 77 asuntos con el mismo número de titulares.
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Cada titular tendría que atender alrededor de mil 644 asuntos al año, es decir, 38% más que en 2023, que documentó mil 192, situación que se traduciría en un rezago que impactaría a los justiciables.
Reportes del CJF señalan que los juzgados, Centros de Justicia y tribunales conocen y resuelven sobre la aplicación de normas o leyes, abusos de autoridades y revisión de resoluciones finales de asuntos del fuero común como autoridades locales, incluidos los Poderes Judiciales de las entidades federativas y federal.
También conocen y resuelven sobre asuntos penales, laborales, civiles, administrativos y mercantiles del orden federal, así como sobre contradicciones de criterios de resolución y conflictos competenciales.
En 2022, los amparos indirectos por tipo de acto reclamado, entre ellos actos privativos de libertad y actos omisivos, documentaron 641 mil 169; en 2023 fueron 651 mil 258 y en lo que va de 2024 son 316 mil 516.
Los amparos directos por tipo de resolución impugnada, como laudo, sentencia o acuerdo, entre otros, en 2022 registraron 196 mil 246, en 2023, 208 mil 3 y en el transcurso de este año van 94 mil 40.
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La propuesta de reforma judicial contempla establecer un máximo de seis meses, es decir, 186 días para resolver sobre asuntos de naturaleza administrativa o judicial y cuatro meses, que comprende 124 días, a asuntos de naturaleza penal, sin considerar que la duración de los procedimientos depende tanto de los plazos procesales, características particulares como tipo de asunto, número de partes involucradas, autoridades responsables, actos reclamados y tipo de delitos.
Por ejemplo, en un juzgado de Distrito con procesos penales federales la duración promedio es de 803 días, lo que representa 26 meses.