Entre 2019 y 2023 las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) del país han registrado un déficit presupuestal de 13 mil millones de pesos, que junto a la disminución de los recursos y la desaparición de algunos programas extraordinarios, podría alcanzar los 30 mil millones de pesos.
Por la falta de recursos está en riesgo el pago de pensiones y se ha alcanzado “un punto de crisis y de no retorno” para las Universidades Públicas Estatales (UPES), señaló Luis Armando González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
En entrevista con EL UNIVERSAL, González Placencia detalló que el Programa Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, creado en 2002, con una partida extraordinaria de mil millones de pesos para resolver el problema de las pensiones, no tiene presupuesto asignado.
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Precisó que para buscar una solución a la problemática se solicitó a las comisiones de Hacienda y de Educación de la Cámara de Diputados que se le reasigne dicho monto para 2024.
“Este programa sigue estando considerado, aunque hoy está con cero pesos, pero es muy importante porque está relacionado con las pensiones y con los diversos compromisos que en el pasado se asumieron.
“Las pensiones están comiéndose el presupuesto, la gravedad del asunto es tal, que el presupuesto nosotros lo ocupamos en 90% en el pago de nómina, bueno ese 90% hay que dividirlo entre la cantidad de dinero que se va a pensiones y la cantidad de dinero que se va a la nómina ordinaria”, explicó.
También se planteará modificar los sistemas de pensiones y jubilaciones de las UPES, ya que las condiciones actuales, como que la antigüedad requerida promedio sea de 25 años, jubilaciones a los 50 años, que se jubilen con el último salario o la existencia de la jubilación dinámica (incrementa la pensión a la par del salario del personal activo), representan una carga presupuestal.
“Se ha emprendido un esfuerzo importante en las universidades para ir generando las reformas necesarias para que podamos hablar con los sindicatos e ir revirtiendo estas reformas, pero se necesita un fondo que apoye estas medidas. Entonces, se vuelve estratégico porque si no se cubre en poco tiempo, tendremos por lo menos unas siete universidades que estarían en condiciones de quiebra; serían las primeras siete del resto que ocurrirán en los próximos 20 años”, abundó González Placencia.
Aunque la información es reservada, en 2017 los rectores de las universidades autónomas de Morelos, Zacatecas, Estado de México y Nayarit, así como la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se declararon en quiebra técnica.
Para resolver dicho problema y otros que arrastran las instituciones de educación superior, la ANUIES solicitó un incremento de 7 mil 49.3 millones de pesos para 2024 para fortalecer el subsidio que reciben las Universidades Públicas Estatales, Estatales de Apoyo Solidario, Universidades Federales, Universidades Interculturales, Tecnológicas y Politécnicas y las unidades del Tecnológico Nacional de México.
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Desglosado quedaría: 2 mil millones de pesos para el fondo solidario para mantenimiento de infraestructura y mantenimiento de las IPES; mil millones de pesos para reactivar el Programa U081 Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las UPES, así como 398.3 millones para el Programa para el Desarrollo Profesional Docente; mil millones para ampliar las Becas Elisa Acuña para Universidades Federales y 2 mil 651 millones de pesos para la ampliación de los programas U006 y E010 para cubrir la política salarial de 2024.
“Todos los años, una buena cantidad de universidades se ven en dificultades para pagar estos salarios y todo eso se va convirtiendo en un déficit que ha llevado a varias universidades a una situación verdaderamente crítica”, afirmó.
El déficit presupuestal también ha provocado que sea imposible dejar de cobrar las cuotas de recuperación en las Instituciones Públicas de Educación Superior, como prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador al inicio de su sexenio, ya que el gobierno federal no destinó recursos para ello.
“No hemos podido dejar de cobrar las cuotas de recuperación. [La promesa de] principios de sexenio [fue] que con la gratuidad dejáramos finalmente de cobrar cuotas. Eso no ha sido posible porque no contamos con el fondo que se prometió desde principios del sexenio y porque este déficit ha tenido que ser cubierto gracias a la aportación de las familias”, dijo González.
Dicha problemática también afecta las funciones sustantivas de las universidades públicas, es decir, la docencia, la investigación y la extensión universitaria, lo que ha ocasionado que el deporte universitario esté completamente deprimido y, de continuar, advirtió, también ocasionaría que disminuyan los proyectos de investigación.
“Nosotros nos dedicamos a la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Cada vez hacemos menos extensión, el deporte universitario está completamente deprimido porque no hay recursos, la difusión artística, toda la divulgación, todo eso ha venido disminuyendo notablemente. Y si esta situación sigue, vamos a llegar a un punto en que tengamos que disminuir también la investigación, que también ha sufrido pérdidas importantes, y la docencia, que es el último reducto que tenemos en las universidades”, abundó.