La intención del grupo parlamentario de Morena de recortar hasta 25 mil millones de pesos al Poder Judicial en la confección del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024 pondría en riesgo la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF), pues la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib) alertó en junio pasado que este Poder requiere, al menos, 26 mil millones de pesos para ponerlo en marcha.
Recientemente, el líder de la bancada guinda, Ignacio Mier, informó que su grupo parlamentario ya encontró “tela de dónde cortar” al Poder Judicial con más de 25 mil millones de pesos, con el argumento de que cuenta con partidas para “gastos innecesarios”; sin embargo, el 6 de junio autoridades de la Conatrib se reunieron con diputados de la Comisión de Presupuesto, y les advirtieron sobre los riesgos de quitar recursos al Poder Judicial.
En dicho encuentro, el presidente de la Conatrib, Rafael Guerra Álvarez, advirtió a los legisladores que el artículo transitorio sexto del CNPCF no prevé partidas presupuestales federales para la aplicación del citado ordenamiento y, en cambio, autoriza que sean los Congresos locales los que se encarguen de la asignación de los recursos.
Leer también: Critica PAN intención de Morena de reducir presupuesto al poder judicial
“Esta disposición es violatoria del derecho humano de acceso a la justicia y la tutela efectiva, además de atentar contra la autonomía e independencia jurisdiccional, financiera y orgánica de los Poderes Judiciales, lesionando la división de poderes en nuestro sistema democrático, en virtud de que impide generar condiciones de igualdad y calidad en todos los tribunales del país para alcanzar con ello un mejor Estado constitucional de derecho”, subrayó.
En el encuentro, la Conatrib entregó un documento con los requerimientos presupuestales por entidad, que en conjunto suman 26 mil 809 millones 202 mil 128 pesos.
En dicho análisis, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, se advierte que los estados que requieren más recursos, principalmente por la falta de juzgados, son Oaxaca, con 6 mil 762 millones; Estado de México, con 3 mil 142 millones, y Sonora, con 2 mil 494 millones de pesos.
Los estados que requerirán menos recursos para implementar el código son Durango, con 32 millones 468 mil pesos; Chihuahua, con 164 millones 131 mil, y Quintana Roo, con 198 millones 239 mil pesos.
El nuevo código busca desarrollar un sistema de impartición de justicia sustentado en audiencias, tanto para la primera como la segunda instancia, por lo que se requiere del aprovechamiento de tecnologías de la información con la que se garantice mayor acceso y calidad en el trámite de procedimientos jurisdiccionales.
Por ello, el magistrado Guerra Álvarez insistió en que para aplicar el código se requiere capacitación, modificar los sistemas de gestión de trabajo, mejorar la infraestructura de salas de casos y audiencias, así como el desarrollo de trámites que aseguren mayor comunicación entre juzgadores y justiciables.
Advirtió que si no se etiquetan los recursos federales necesarios “esta implementación quedará en un sueño o en una ilusión”.
Al respecto, la vicecoordinadora de Morena en San Lázaro, Aleida Alavez, reconoció que desde la aprobación del código se determinó hacerlo sin impacto presupuestal, a pesar de que sí tiene implicaciones económicas.
Leer también: Diputados de Morena denunciarán delitos electorales en favor de Claudia Sheinbaum
“Se atendió desde la discusión misma del código, porque si le poníamos alguna implicación económica, que la tiene, íbamos a impactar la Hacienda pública de manera muy complicada; entonces, decidimos dejarla sin impacto porque urgía la publicación”, expuso.
La legisladora agregó que el recorte al Poder Judicial sí es necesario y descartó que ello ponga en riesgo la implementación del código, pues sí analizarán inyectar recursos para ese fin.
“Es un tema muy específico, sí va de la mano con el Poder Judicial, pero no lo podemos dejar en una sola dimensión. Yo estoy de acuerdo con el recorte al Poder Judicial en su conjunto porque efectivamente tienen muchos gastos innecesarios, pero en este tema en específico vamos a tener que atender algunos requerimientos de carácter económico, pero ya veremos, vamos a revisar esta propuesta de la Conatrib y todo esto puede ser paulatino. El plazo para su puesta en marcha es de cuatro años para que todo mundo se acople y asuma los procedimientos”, detalló.