La propuesta plantea que mediante un punto de acuerdo se cree la Comisión Especial de Pacificación y Reconciliación Nacional.
• Argumenta que la inseguridad, la violencia y la fractura social registran niveles tan elevados como alarmantes en México, motivo por el que “estamos moralmente obligados a humanizar y pacificar a nuestra querida patria, recurriendo a las palabras antes que a las armas”.
• Establece que dicha comisión estará integrada de manera plural hasta con 30 diputados de todos los grupos parlamentarios.
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• Señala que el objetivo de la comisión será abrir, desde una lógica y filosofía distintas, “un proceso de diálogo para el análisis y propuestas que contribuyan a restablecer nuestra convivencia armónica y ordenada”.
• Dicho proceso de diálogo considerará como actores a las entidades públicas y privadas, a quienes son fuentes de información, a los que sufren la violencia “y a quienes, siendo generadores de ese azote, tengan disposición de rectificar y contribuir, con base en lo que la ley establezca, a la reparación de los daños que han causado”.
• Señala que abrir ese diálogo permitirá generar una agenda de acciones, las cuales comprenden:
• Promover una cultura de paz, legalidad, destierro de la corrupción y mejora del comportamiento social.
• Coordinar esfuerzos dispersos de la sociedad civil y de los órganos del Estado.
• Mediar en conflictos sociales y en los que se dan entre grupos que auspician la violencia.
• Generar alternativas legales a la actividad del narcotráfico y sus delitos conexos.
• Potenciar programas que ayuden a la rehabilitación de personas privadas de la libertad para lograr su reinserción social.
• Propiciar que los Congresos federal y locales realicen reformas legales que contribuyan a la pacificación nacional.
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• Incentivar la implementación de programas de protección y asistencia legal a las víctimas de la violencia.
• Impulsar la justa y prudente aplicación de la Ley de Amnistía a miembros de las comunidades de pueblos indígenas y afromexicanos, así como a personas que, estando sujetas a un proceso judicial o que hayan sido sentenciadas, estén dispuestas a contribuir con el Estado en beneficio de la seguridad y la paz.
• Participar en programas de desarme y desmovilización de grupos violentos.