Desde el 2006 a la fecha, únicamente entre el 2 y el 6 por ciento total de las desapariciones en México han sido judicializadas, según revela el Informe General del Examen Periódico Universal de México 2024 ante la Asamblea General de la ONU.
El documento señala que el delito de desaparición forzada en México está sumergido en una impunidad casi absoluta ya que, hasta 2021, en el país solo se han emitido 36 sentencias por casos de desaparición de personas a nivel nacional, entre ellas, ninguna contra un mando civil o militar.
De acuerdo con el Informe, realizado por más de 300 organizaciones no gubernamentales y que ofrece un panorama general sobre la crisis de derechos humanos en México, de las más de 111 mil víctimas de desaparición que hay hasta el día de hoy, 40 mil ocurrieron durante este sexenio.
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Apunta que el índice creció exponencialmente, hasta en un 98%, durante esta administración pues el resto de desapariciones se registró en un lapso de doce años, desde 2006 hasta el año 2018, durante el inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico”.
A partir de esa fecha, el Examen Periódico Universal detalla que se han diversificado las modalidades del delito y las víctimas, siendo en su mayoría hombres entre 15 y 40 años. Sin embargo, las cifras revelan que hubo un notable aumento de desapariciones entre la población de adolescentes y mujeres a partir de los 12 años, tendencia que se agudizó durante la pandemia por Covid-19.
Las desapariciones forzadas están vinculadas en su mayoría con reclutamiento a organizaciones criminales, trata y explotación sexual, como medio para ocultar la violencia, homicidios y feminicidios y, en el caso de los menores, por sustracción.
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Crisis forense: 52 mil cuerpos sin identificar
El Informe General resalta que, de manera paralela, el país enfrenta una crisis forense con más de 52 mil cuerpos de personas fallecidas sin identificar, que se encuentran bajo custodia estatal, que no tienen un procesamiento adecuado por autoridades o los que son encontrados por familiares.
En esta línea, el escrito basado en el Informe del Comité Contra la Desaparición Forzada durante su visita a México, asegura que los mecanismos implementados por el gobierno federal para esclarecer la crisis de desapariciones forzadas y de identificación, aunque son iniciativas relevantes, no son suficientes, ni cuentan con la capacidad o el presupuesto para resolver y contener la problemática.
“El impulso por parte del Estado de mecanismos extraordinarios de esclarecimiento en casos de desapariciones recientes y del pasado – a pesar de algunos avances - no ha logrado otorgar justicia y verdad a las víctimas, y tampoco se han constituido mecanismos replicables frente a la magnitud de la crisis.
“A más de 5 años de entrar en vigor la Ley General en materia de desapariciones, se enfrentan deficiencias en la implementación de instancias fundamentales, como el Banco Nacional de Datos Forenses, el Registro Nacional de Fosas, el registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, el Programa Nacional de Exhumaciones”, informa el documento con el que México se someterá a su cuarto examen en materia de derechos humanos el próximo 24 de enero de 2024.
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