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En el marco del foro “Personalidad jurídica y declaración especial de ausencia por desaparición, a la luz del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares”, se destacó que oficialmente hay 110 mil personas desaparecidas en el país y el nuevo marco legal busca garantizar sus bienes patrimoniales para su familias.
Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Olga Sánchez Cordero, informó que, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, hay más de 110 mil personas en esta situación en nuestro país.
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A fin de atender esta realidad, puntualizó la legisladora, en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se estableció que la resolución que dicte la autoridad jurisdiccional deberá incluir las medidas definitivas para garantizar la máxima protección a la persona desaparecida y a sus familias.
Detalló que esto no implica la obligación de continuar con el trámite de presunción de muerte de la declaración especial de ausencia por desaparición. Con está medida, agregó la senadora, se protegerán los derechos de las personas desaparecidas con el propósito de mantener íntegra la personalidad jurídica de sus derechos patrimoniales.
“Tengan ustedes la seguridad de que en el Senado de la República, como lo hemos hecho hasta hoy, trabajamos no solamente para facilitar los procedimientos relacionados con la protección y salvaguarda de los derechos civiles y humanos, sino de cualquier expedición o reforma de leyes que se requiera”.
Por su parte, el senador Emilio Álvarez Icaza afirmó que la declaración especial de ausencia por desaparición es probablemente la pieza legislativa más importante del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y familiares, por su significado y alcance.
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Eso no hubiera sido posible, mencionó el legislador del Grupo Plural, sin el impulso procesal de los familiares de las víctimas, ya que insistieron y tocaron puertas en un trabajo que a veces es difícil, solitario y desesperado.
Sin embargo, señaló que el alcance del proceso requerirá primero de un ejercicio de apropiación y conocimiento, ya que la aplicación de una ley no es de autocumplimiento.
En ese sentido, dijo que es necesario convencer y exigir a los jueces de la aplicación de la ley en una “magistratura de persuasión”, así como dar mayor visibilidad y participación de las víctimas y los colectivos.
En tanto, la diputada Aleida Alavez Ruiz, de Morena, confió en que estas medidas contribuirán a generar tranquilidad para las familias de México; “cuenten con que en la Cámara de Diputados estaremos muy atentos a que esto sea librado de la mejor forma.
Durante el encuentro, el cual continuará el día de mañana con un taller, también participaron integrantes de organizaciones de la sociedad civil, y de la academia, así como operadoras y operadores de justicia, y profesionales del derecho.
Con información de Víctor Gamboa
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