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México
padece “una restricción parcial de la libertad de expresión y prensa” en donde el Ejecutivo, Legislativo y Judicial tienden a condicionar estos derechos con efectos negativos para las instituciones mediáticas, los periodistas y la sociedad en general, concluye el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), con sede en Miami, Estados Unidos.
El estudio, que será presentado esta semana en la 76 Asamblea Anual de la SIP, refleja que México junto con Colombia, Panamá, Honduras, Estados Unidos, República Dominicana, Guatemala, El Salvador y Ecuador viven una parcial liberta de expresión.
Mientras que Chile, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Canadá, Perú, Paraguay y Jamaica, hay una baja restricción de estos derechos; en tanto en Brasil y Bolivia, la restricción es alta y en Nicaragua, Cuba y Venezuela, prácticamente no existe la libertad de expresión.
El índice, que analizó el periodo entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de abril pasado, señala que en el caso de México con 55 puntos de 100, se ubica en el 11 sitio de los 22 países del Continente Americano.
El análisis fue elaborado con la opinión de 110 expertos con una muestra de cinco personas por país: un periodista; un editor o director de medio; un experto académico en materia de libertad de expresión; integrante de ONG encargada de observar fenómenos relacionados con la libertad de expresión y prensa y el vicepresidente regional o un alto representante de la SIP en el país respectivo, sobre sobre las actuaciones del Estado y el impacto en situaciones desfavorables a la libertad de expresión vinculado con el desempeño de los tres poderes de gobierno.
Así “el panorama en materia de libertad de expresión que presenta el país en el período comprendido en este estudio, es de retrocesos. Si bien no puede afirmarse que la libertad de expresión esté amordazada, algunas acciones institucionales del Estado mexicano tienden a condicionarla con efectos negativos para las instituciones mediáticas, los periodistas y la sociedad en general”.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador ha marcado la agenda informativa de los medios de comunicación, con un protagonismo exacerbado, en cuyos discursos los ha estigmatizado y descalificado”, señala el documento.
Mientras que las acciones de los poderes Legislativo y Judicial han sido más omisas que diligentes y se han distinguido por estar alineados al Ejecutivo.
En el análisis relativo a una “ciudadanía informada y libre de expresarse”, se enmarcan en la estrategia de comunicación del gobierno federal que comenzó el 3 de diciembre de 2018, cuando se instituyó “las mañaneras” como la principal herramienta de comunicación política del nuevo gobierno.
Empero, dice el estudio, este modelo de comunicación “ha sido usado por el mandatario para enfrentarse con la prensa nacional e internacional, estigmatizándola y descalificándola. Las consecuencias negativas para la ciudadanía se reconocen en la imposición por parte del Ejecutivo de la agenda informativa, en la falta de calidad de la información que comunica, así como en el ambiente de polarización que ha venido construyendo entre el gobierno y la prensa, entre su proyecto de la Cuarta Transformación (4T), y sus críticos en medios de comunicación y redes sociales”.
En el caso del Poder Legislativo, en su mayoría, las acciones han sido de carácter discursivo, pues dentro del período que se analiza no se identificaron iniciativas de Ley orientadas a la actualización y mejoramiento de las disposiciones normativas vigentes en materia de libertad de expresión.
En el Poder Judicial, con base en los señalamientos de los expertos referida a protección a periodistas, persecución e impunidad, la situación de años anteriores no ha cambiado, sino que se ha agravado en razón del aumento de asesinatos a periodistas.
En 2019 se registraron 10 homicidios, y durante los primeros cinco meses de 2020, dos más. En total, se han registrado 12 asesinatos a periodistas de enero de 2019 a mayo de 2020. La impunidad institucional en este renglón ha convertido a este país en uno de los más inseguros del mundo en esta materia.
“Un factor que impulsó el incremento de agresiones en la Ciudad de México fue la estigmatización de la prensa por el Estado. Hubo múltiples ataques a periodistas que cubren las conferencias de prensa matutinas del Presidente o que publican artículos críticos sobre la gestión del Ejecutivo”.
El informe critica que el presidente López Obrador “ha decidido neutralizar o anular a cualquiera que busque cuestionar su relato”, y cuestiona el control y la polarización registradas durante el último año.
“Los ataques a la prensa y a la sociedad civil lanzados desde la silla presidencial, en forma de estigma, son intencionados, como cualquier otra agresión, y buscan convertir al mensajero en el mensaje”.
A manera de conclusión, el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa señala que el Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno mantiene con la sociedad una deuda pendiente en materia de libertad de expresión.
“Aun cuando en México no se viva la represión sistemática propia de un dictadura de quienes ejercen su derecho a expresarse públicamente a través de los distintos medios y redes de comunicación, la abierta hostilidad del Ejecutivo a quienes ejercen críticamente este derecho, su persistente descalificación a cualquier atisbo de cuestionamiento.
“El control de la agenda mediática y su manifiesta indisposición para escuchar cualquier voz distinta a su visión de país y al contenido de sus decisiones, comprometen el sentido mismo de la libertad de expresión propio de un régimen democrático. Es decir, el control social del gobierno ejercido por una opinión pública robusta y una ciudadanía informada y participativa”.
Señala que el hostigamiento presidencial a la libertad de expresión crítica tiene su correlato en las condiciones de inseguridad que vive el periodismo mexicano, y cuya manifestación más cruda está en el asesinato de 12 periodistas de abril del 2019 a mayo del 2020 (período de este estudio) y 134 del año 2000 a la fecha, cifra que coloca a México como uno de los países más inseguros del mundo para el ejercicio de esta libertad.
“Es cierto que no se puede responsabilizar directamente al Estado mexicano de todos y cada uno de los delitos que se comenten en contra de quienes ejercen el periodismo… pero sí de la impunidad prevaleciente y la falta de la protección adecuada, como consecuencia de la ineficacia de las instancias públicas de procuración y administración de la justicia”.
