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Al conmemorar 54 años de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, integrantes del Comité del 68, padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, y decenas de colectivos se manifestaron en contra de la militarización y rechazaron que el Ejército siga en tareas de seguridad pública.
Al dar lectura al posicionamiento del Comité del 68, Marisol Vázquez afirmó que se oponen a que las Fuerzas Armadas asuman tareas de seguridad pública y que “en ese sentido, se realice una consulta ciudadana inconstitucional y no vinculante, es decir, una simulación que legitime la militarización con un instrumento a modo”.
También señaló que la Fiscalía General del República (FGR) enrarece el caso del exprocurador Jesús Murillo Karam, quien permanece en el Reclusorio Norte por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala el 26 y 27 de septiembre de 2014.
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En un templete cerca de Palacio Nacional, y acompañada de Félix Hernández Gamundi, quien fungió como líder del Movimiento Estudiantil de 1968, recordó que el 11 de septiembre de este año, la FGR clasificó como confidencial, por cinco años, la información referente a las 450 averiguaciones previas iniciadas por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Ante 4 mil asistentes que marcharon de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco al Zócalo, la integrante del movimiento refirió que el gobierno federal pretende lapidar el acceso a la justicia para más de 500 desaparecidos por motivos políticos.
Así como en los casos de 2 de octubre de 1968, y el periodo conocido como Guerra Sucia; además de reducir el número de ministerios públicos destinados a dichos casos.
“A esto se suma que el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, renunció, y el exprocurador Murillo Karam intenta eludir a la justicia”.
Destacó que son consistentes en insistir que el Ejército ha cometido de manera reiterada y sistemática graves violaciones a los derechos humanos, y expresó que la persecución, la detención extrajudicial, la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la violación y la ejecución son el común denominador en una larga lista de agravios contra el pueblo.
Abundó que la narrativa del pueblo uniformado es insostenible y retrógrada, y no se puede por decreto verbal, ungir ni expiar los crímenes del Ejército.
“Ni en lo simbólico ni en lo formal se puede hablar de un Ejército del pasado y del presente, pues su posición monolítica en el cumplimiento de su deber no acepta mancha alguna contra toda evidencia”, subrayó.
En su intervención, Hernández Gamundi dijo que tienen necesidad de avanzar en justicia, reparación del daño y garantía de no repetición.
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“Tenemos demandas nuevas y para ellos hemos de avanzar organizados para construir libertad y democracia, esto no se puede lograr en medio de un proceso de militarización generalizada de la vida pública nacional como hoy es una amenaza presente”, aseveró.
Insistió que no es posible construir democracia en ese ambiente, ya que cada vez que la fuerza militar ha estado a cargo de tareas de seguridad pública, el pueblo ha sufrido violencia.
“La violación de los derechos humanos y muchos de estos eventos y luchas han terminado ensangrentadas”, remarcó.
Saldo blanco
La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó que las movilizaciones se realizaron sin contratiempos y de forma pacífica con la participación de 4 mil personas.
Detalló que alrededor de 100 servidores públicos dieron seguimiento a las actividades y brindaron apoyo en acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos local y Marabunta.
Por su lado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó 730 elementos.
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