En el último año, el Tribunal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no ha emitido una sola sanción contra profesores y trabajadores administrativos sindicalizados por acosar u hostigar sexualmente a las alumnas ni por violación, ello a pesar de que cada año escolar la cifra negra de agresiones de este tipo podría llegar a los 2 mil 500 casos, dijo el presidente de dicho organismo, Eduardo López Betancourt.
“Ningún docente ha recibido sanción... Tengo un año sin sancionarlos, y por eso pido ayuda. Las autoridades escolares se manejan de forma grupal y mafiosa. Cada escuela y facultad es un coto de poder en el que el director es el dueño: tiene un séquito de maestros que apoya y muchos de ellos, abusando de esta relación, son los acosadores. Esta es una situación cotidiana”, señaló a EL UNIVERSAL.
Esto ocurre, advirtió, porque la mayor parte de los casos de violencia sexual y de género que ocurren en la institución se resuelven a través de comisiones mixtas entre la Rectoría y las organizaciones laborales de académicos y administrativos: la Asociación Autónoma de Personal Académico (AAPAUNAM) y el Sindicato de Trabajadores (STUNAM).
Éstos son los Procedimientos de Investigación Administrativa (PIA) que sancionan a los trabajadores de acuerdo con lo estipulado en los contratos colectivos de trabajo.
“Los sindicatos y los contratos colectivos protegen a los profesores acosadores. Debería haber una voluntad para no convertirse en cómplices, que den facilidades, porque hoy por hoy pretextan las comisiones mixtas y ahí se resuelve todo”, señaló.
Te puede interesar: ¿Qué es el tribunal de la Universidad?
El contrato del STUNAM, por ejemplo, reconoce como causa de responsabilidad incurrir “en actos de violación sexual, en faltas de probidad u honradez, en cometer actos inmorales”, mientras que en el caso de AAPAUNAM, a estos últimos dos agrega: “Cometer actos de hostigamiento o acoso sexual” y “análogas a las establecidas de igual manera graves y de consecuencias semejantes”.
La situación que denuncia Betancourt se ejemplifica en un comunicado que emitió la AAPAUNAM en junio de 2018: La asociación acusó a los estudiantes de inventar conductas inadecuadas de sus profesores para denunciarlos y obtener beneficios, y recomendó a los maestros tomar “precauciones” al relacionarse con ellos.
El mecanismo PIA, aunado a la impunidad en la solución de casos, ha generado que la situación crezca: las alumnas no denuncian porque les da miedo sufrir represalias por parte del maestro que las agredió, porque las autoridades universitarias, en muchas ocasiones, intentan disuadirlas de que lo hagan, y muchos directores las maltratan y revictimizan e incluso protegen a los acosadores.
López Betancourt explicó que las agresiones más frecuentes que las alumnas llegan a denunciar ante el Tribunal Universitario son acoso y hostigamiento; invitaciones y presiones para que las jóvenes accedan a tener relaciones sexuales a cambio de mejorar sus calificaciones o evitar cambios en éstas, y denuncias en contra de compañeros que las acosan para tener sexo.
En contraste con el panorama que denuncia Betancourt, los Informes sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM de 2016 a 2018, reportan que la UNAM inició procedimientos contra 352 profesores y trabajadores.
La UNAM sancionó a nueve maestros por honorarios a quienes no se les renovó su contrato; rescindió contratos a 16 trabajadores de confianza, y se dieron 12 avisos de sanción a trabajadores. Los restantes 315 profesores y trabajadores denunciados resolvieron su situación a través de la figura PIA; es decir, los sindicatos de maestros y trabajadores son los que investigan y luego determinan sanciones.
A través de este mecanismo fueron despedidos 79 trabajadores sindicalizados: 43 académicos y 27 administrativos. A la mayoría, 236, se les dieron amonestaciones, suspensiones o se espera que se determine su sanción, pero ésta no se ha dado a conocer.
Para el presidente del Tribunal Universitario estas sanciones se dan como “componendas, arreglos o concesiones” a fin de que maestros o trabajadores se retiren de manera anticipada o se les rescinda el contrato, pero se lleven liquidación. En cualquier caso, dijo, no es suficiente con dar a conocer las cifras: se tiene que transparentar en qué consistieron las sanciones y si se les encontró responsables de las acusaciones en su contra.
Además de que se despida a los profesores, pidió que la Universidad los boletine para que no puedan trabajar en otras instituciones y no vuelvan a cometer este tipo de agresiones hacia las alumnas.
