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Al comparecer ante la Comisión Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, aseguró que en el actual gobierno “no hay pactos de impunidad, intocables ni perseguidos políticos”.
En ese contexto, informó que van 21 denuncias contra el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, por un presunto conflicto de interés.
Comentó que las resoluciones que se han dado son procesos administrativos que se abrieron en el sexenio pasado y que actualmente se están concretando; además, señaló que la dependencia a su cargo no tiene “fobias, ánimo persecutorio ni filias”, por lo que, dijo, se han atendido casi cuatro veces más investigaciones que en la gestión anterior.
“Llevamos 2 mil actos de fiscalización, los cuales no son elegidos discrecionalmente, sino con importancia y pertinencia. No hay pactos de impunidad, son investigados funcionarios de la actual y de anteriores gestiones”, expresó.
En respuesta a la senadora Xóchitl Gálvez (PAN), quien cuestionó la omisión de Bartlett en su declaración patrimonial, la funcionaria informó que la dependencia a su cargo llegará “hasta las últimas consecuencias”, aunque, agregó, serán prudentes y al mismo tiempo exigentes para no dejar sin responsables a casos de corrupción.
“Tenemos que ser prudentes por la presunción de inocencia. Seremos exigentes de no dejar una responsabilidad sin asignación por omisión o corrupción. Al ser un proceso administrativo abierto, no puedo dar más información”, dijo.
Gálvez reviró que Bartlett debe dejarse de “hacerse güey” y declarar lo que le corresponde, pues es inmoral negar a su pareja sentimental para no asumir que no hizo completa su declaración patrimonial.
A la pregunta del senador Clemente Castañeda (MC) sobre el comentario de Susan Rose Ackerman, en cuanto a que la política de austeridad fomenta la corrupción y no reduce el volumen gubernamental, Eréndira Sandoval respondió que no hubo tal posicionamiento.
“No hubo un posicionamiento en contra, fueron sacadas de contexto, dijo que no se trata de mermar a los funcionarios públicos, pero no enfatizó en nuestra política de austeridad”, refirió la secretaria.
En su primera intervención, indicó que se han eliminado los lujos para los servidores públicos. Agregó que con la recién avalada Ley de Austeridad habrá más mejoras, pues se estableció un periodo de veda de 10 años para quien trabaje en la administración pública, a fin de evitar los conflictos de interés al incorporarse en el servicio privado.
Sandoval comentó que la austeridad se ha aplicado en los salarios de los funcionarios, pero no en el gasto para servicios o programas sociales, “por la lógica de que hay carencia en los servicios públicos no puede explicarse, aun cuando haya disciplina de gastos”.
Asentó que el desabasto de medicamentos no es por la política de austeridad, ya que está prohibido en este gobierno afectar por medio de recortes económicos a la salud, educación y seguridad social.
La titular de la Función Pública dijo que actualmente están reparando los procesos de compra de medicamentos, ya que estaban “contaminados con moches” y que ahora se hacen con compras consolidadas. Aseguró que éstas deben mejorar, por lo que la dependencia a su cargo “no abdicará” en su trabajo en cuanto al tema.
Agregó que un ejemplo de ello fue la “muy poca ética” en la que se manejaron los laboratorios que distribuyen el medicamento para el tratamiento oncológico infantil (metotrexato) al monopolizarlo, lo que llevó, afirmó, a la compra consolidada, “porque los nacionales escondían el medicamento poniendo en riesgo la vida de los menores. Hubo chantajes de quienes habían funcionado como monopolizadores casi únicos”, exclamó.
