Bruselas.— La reforma judicial propuesta por el gobierno de México no está inspirada en una administración de justicia imparcial, como es el caso de las democracias europeas, sino en un sentimiento de venganza contra la rama independiente de su administración que, a lo largo del sexenio, evitó decisiones de políticas públicas violatorias de la Constitución.
Esa es la conclusión a la que llega Mariana Velasco, catedrática en Derecho Constitucional Comparado en la Escuela de Derecho y Criminología de la Universidad Maynooth, en la República de Irlanda, al examinar la propuesta de normativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados.
La experta dice en entrevista con EL UNIVERSAL que en Europa no hay ningún modelo igual al propuesto por el Mandatario mexicano, como la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte.
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“La regla general son los sistemas de concursos para ser juez, que incluyen alguna forma de competición [como los exámenes], así como órganos especializados encargados de la selección”. En varios países europeos, el órgano Legislativo suele desempeñar algún papel durante el proceso de selección de jueces, como sería la confirmación del cargo o la selección de los integrantes de órganos especializados.
Por lo tanto, la reforma enviada al Legislativo mexicano lejos de fortalecer al Poder Judicial socavará sus funciones y autonomía.
“La reforma judicial no fortalecerá el Poder Judicial. Todo lo contrario. La elección popular de jueces en el contexto mexicano debilitará al Poder Judicial porque cambia la lógica y los incentivos de las personas que aspiran a ser juzgadoras.
“La lógica e incentivos actualmente funcionan alrededor de la profesionalización y el mérito a través del sistema de carrera judicial, en el nuevo sistema [en donde la selección de las dos terceras partes de los candidatos a jueces serán determinadas por la presidenta y el Congreso] la lógica e incentivos funcionarán alrededor de las conocidas disfuncionales dinámicas electorales y de selección de candidatos del sistema de partidos en México, en donde el intercambio de favores y la disciplina son la principal moneda de cambio”.
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En síntesis, destaca, la lógica e incentivos del sistema de elección de jueces será exactamente lo contrario a la independencia judicial que se requiere para aspirar a una administración de justicia imparcial.
Para la académica, lo enviado al Legislativo no tiene nada que ver con el genuino interés de un sistema imparcial e independiente.
“La intención detrás de la reforma judicial es clara: debilitar a la rama independiente de gobierno que a lo largo del sexenio del presidente López Obrador puso un alto decisiones de política pública violatorias de la Constitución, como lo fue el plan B [que buscaba debilitar al INE] o el intento de darle el control de la Guardia Nacional a la Sedena [acción de inconstitucionalidad 137/2022]”.
