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El Programa de Asistencia Jurídica a Casos de Pena Capital en Estados Unidos (MCLAP, por sus siglas en inglés), está en el limbo. El pasado 31 de agosto concluyó el contrato que se tiene con una empresa que se dedica a la asistencia y, hasta ahora, Hacienda no ha dado la autorización para que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lo renueve.
La Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, de la SRE, informó que la contratación de la firma legal que se hará cargo del programa aún es evaluada por Hacienda.
Datos de la Cancillería detallan que medio centenar de mexicanos esperan la aplicación de pena de muerte y que al menos otros 54 enfrentan procesos penales que pudieran derivar en la imposición de la sentencia capital en Estados Unidos.
El 31 de agosto concluyó el contrato con Greg J. Kuykendall P.C, por lo cual está suspendida la remisión de casos. Con ello, las representaciones consulares deben hacerse cargo y dar seguimiento a las carpetas.
El programa fue creado por el gobierno mexicano en 2000. A través de éste, la administración federal contrata los servicios de un despacho de abogados para brindar asesoría jurídica a los connacionales encarcelados.
De acuerdo con cifras de SRE, en los últimos seis años se ha logrado evitar la ejecución de más de un centenar de mexicanos.
El programa funciona a partir de abogados que llevan el tema y a quienes el gobierno mexicano paga. El despacho en cuestión suele capacitar a personal de los consulados para saber cómo actuar cada que se tiene conocimiento de un caso nuevo.
Desde el 31 de agosto se suspendió la remisión de casos al despacho y se dejó de enviar copia de las comunicaciones correspondientes. Tampoco se comparte información con personal del programa.
Sin embargo, para no interrumpir la asistencia y protección consular de personas mexicanas sentenciadas a pena de muerte o que se enfrentan a procesos judiciales derivados de tal condena, las representaciones consulares deben tomar todos los casos.
Se pidió monitorear medios de comunicación para identificar casos de mexicanos involucrados en homicidios de primer grado y revisar las páginas de las cortes en las que se diriman procesos en materia capital de personas mexicanas.
Además, deben continuar con la aplicación del cuestionario ad hoc a detenidos que pudieran enfrentar un proceso de pena capital.
“Durante la entrevista no se deberá hablar de los hechos relacionados con el (los) delito(s) que se les imputa”, se aclaró a las representaciones diplomáticas.
También se deben realizar visitas periódicas a los detenidos o realizar llamadas telefónicas para mantener el monitoreo de la situación jurídica, física o mental. Documentar y dar seguimiento a las quejas presentadas por los detenidos que pudieran constituir violaciones a sus derechos humanos dentro de la prisión, incluidos todos los castigos disciplinaros.
Entre las acciones que deben hacer las representaciones diplomáticas está el facilitar materiales de aseo personal o de lectura, con conformidad a lo establecido en las Normas para la Ejecución de los Programas de Protección a Mexicanos en el Exterior, así como entrevistarse con los abogados defensores para explicarles el tipo de apoyo que México les puede proporcionar.
También se debe mantener el vínculo con el familiar, conocido o contacto que el connacional haya autorizado para que se le brinde información respecto de su estado jurídico.
Asimismo, es necesario designar a una persona del departamento de protección para que asista a las audiencias en las que se requiere presencia de personal consular.
“En casos en los que el detenido y la víctima son de nacionalidad mexicana, el consulado debe asignar funcionarios diferentes para brindar apoyo a ambas familias y mantener la correspondiente confidencialidad”, se determinó.
Aún no se sabe en qué momento la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizará el pago al despacho que se encarga de llevar el programa.
Desde la creación del MCLAP, se analizaron los casos de mexicanos sentenciados a pena de muerte y el contexto en el que se llegó a tal condena.
Se detectó que en un gran número de casos no se respeto el derecho consular de avisar a la autoridad mexicana al momento de la detención.
Esta situación detonó en la demanda que en 2003 presentó el gobierno mexicano contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, por la violación de la Convención de Viena, el denominado caso Avena, con el argumento de haber impedido a los representantes consulares brindar protección a más de medio centenar de presos.
En marzo de 2004, la Corte Internacional falló a favor de México y determinó que los casos debían ser revisados; sin embargo, Estados Unidos continuó aplicando la pena capital.
