Nepotismo, duplicidad de funciones, sueldos fuera de rango y pagos de más son los focos rojos en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), cuyos procesos de contratación de personal están bajo la mira de la Secretaría de la Función Pública.
El Órgano Interno de Control, dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), detectó irregularidades en contratos para la subcontratación de personal en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), lo que ocasionó la vulneración de los principios de austeridad, eficiencia y funcionalidad.
En una auditoría realizada a la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos, fechada el 15 de diciembre del año pasado, y cuya copia posee EL UNIVERSAL, se encontró que al supervisar el contrato SAE/00376/2019, por el servicio de personal técnico subcontratado no se contó con los procedimientos o controles internos para evitar la contratación de familiares, exfuncionarios del instituto, además de la entrega de posibles pagos de más.
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Se detalla que el entonces Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) entregó a la empresa Corporativo de Promociones DOEX S.A. de C.V. este contrato por más de 488 millones de pesos y que tuvo vigencia del 1 de septiembre de 2019 al 31 de agosto de 2022.
En el oficio TAAIDMOP/INDEP/SAB/310/2022, el OIC halló que hubo duplicidad de funciones, sueldos fuera de rango, denotando “discrecionalidad” en la contratación, con lo que, se indica, se transgredió la normatividad vigente y los principios de economía y eficacia.
“Debilidad en la supervisión y administración del contrato SAE/00376/2019 del suministro de Personal Técnico Administrativo Especializado (PTAE) en materia administrativa y servicios generales para el Indep y sus encargos, vulnerando los principios de austeridad [economía, eficacia y funcionalidad].
“Los servidores públicos responsables de este proceso sólo fueron intermediarios entre las áreas requirentes y el proveedor, donde no contaron con procedimientos o controles internos para la contratación de familiares, contratación de exservidores públicos del Indep, mover al personal del Indep a DOEX y viceversa; duplicidad de funciones, sueldos fuera de rangos denotando discrecionalidad en la contratación de PTAE solicitados por las áreas requirentes, transgrediendo la normativa vigente y los principios de economía y eficacia”, detalla el documento.
El pasado 23 de marzo, el periodista y columnista de esta casa editorial Carlos Loret de Mola reveló que José Ángel Anzurez Galicia, encargado del despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del Indep, cobraba moches de 30% de sus salarios a los trabajadores del instituto a cambio de dejarlos trabajar en el gobierno.
El Órgano Interno de Control también encontró que hubo una “inadecuada aplicación” del presupuesto asignado al contrato SAE/00376/2019 de las facturas liquidadas en los ejercicios 2019, 2020 y 2021.
“Falta de supervisión y debida administración del contrato celebrado para el servicio de terceros especializados, toda vez que se identificó la existencia de deficiencias en la aplicación del presupuesto asignado para cada ejercicio, de conformidad a la normatividad aplicable.
Otros hallazgos
En el documento también se advierte de un deficiente control interno por el administrador de este contrato para asegurar la correcta entrega de los servicios facturados, por lo que es posible que se hayan entregado pagos de más al proveedor.
“Débil administración y supervisión en el contrato de la documental que debe generarse para el cumplimiento de los procedimientos establecidos de conformidad con la Guía Operativa del Servicio Técnico Administrativos Especializados, que asegurase que los servicios se entregan en su totalidad conforme a lo solicitado y que estos sean facturados en los periodos correspondientes, originando posibles pagos de más al proveedor”.
Sumado a esto, el OIC encontró que hubo ausencia de indicadores de desempeño para avaluar los servicios prestados por el proveedor contratado.
“No se cuenta con indicadores que midan el desempeño del servicio prestado por el tercero especializado, lo que implica no tener la certeza de la calidad del servicio y/o si cumplen con las metas y objetivos del contrato”.
Tras estas observaciones, el OIC le solicitó al director ejecutivo de Recursos Humanos del Indep girar instrucciones a fin de que se implementen las medidas acordadas dentro de un plazo de 45 días hábiles, documento que se envió con copia a Ernesto Prieto Ortega, director general del instituto.
