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Al recibir la dirección del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), Netzaí Sandoval encontró que se trataba de una lista de abogados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el que había nepotismo y costumbres burocráticas muy arraigadas.
En entrevista con EL UNIVERSAL explicó que la Defensoría Pública debe ser vista como el despacho de abogados más grande de México, pues cuenta con 2 mil 200 asesores y defensores jurídicos, y desde que llegó a dirigirla decidió cambiar la visión que se tenía de la institución.
Dijo que por primera vez se implementaron medidas de seguridad a seis defensores públicos que, por razón de los asuntos que conocen, han sido alcanzados por amenazas a su integridad.
Añadió que a diferencia de otras administraciones, los altos mandos de la Defensoría Pública ahora están habilitados para litigar e incluso él ha comparecido ante varios jueces para llevar asuntos y sentar precedentes judiciales.
Sandoval Ballesteros, hermano de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, llegó al IFDP desde enero de 2019.
Acaba de cumplir un año al frente de la institución y tanto él como los abogados que la integran, a los que considera miembros del despacho más grande de México, atienden a 150 mil personas al año y llevan un registro de 80% de asuntos ganados en materias diferentes al Derecho Penal.
¿Cómo encontró al instituto?
—Encontré una institución con buenos abogados, bien capacitados, pero te voy a ser honesto, la Defensoría Pública era un listado de abogados, es decir, cuando un juez o la fiscalía lo pedían, cuando alguien no podía pagarse un abogado, nos enviaban un oficio y nosotros designábamos un abogado para que atendiera el asunto. Así se hacía.
Ahora hemos tratado de asumir que la Defensoría Pública es un gran despacho de abogados y eso implica desde arropar a nuestros abogados. Estamos tratando de darle un enfoque nuevo a la defensoría para que nuestros abogados sepan que tienen un respaldo.
Era una institución que dejaba a los abogados solos, que los dejaba enfrentarse a la fiscalía sin un respaldo.
Eran tan buenos abogados que tenían éxito, dos de cada tres asuntos los ganamos, no puedo decir que era un caos, era un buen servicio en la medida en que eran grandes abogados los que daban esa defensa, pero no era un despacho, una institución, era un listado de abogados, excelentes, pero un listado al fin.
¿Cómo ha sido este primer año?
—Esta es la administración en la que hemos implementado más medidas de seguridad y protección a nuestros abogados en la historia, pues por diferentes razones los abogados a veces son amenazados o corren riesgos y hemos decidido protegerlos con diferentes medidas.
Estas medidas pueden ir desde acompañamiento por personal de seguridad en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación (PJF), rondines de patrullas en sus domicilios, y la asignación de chalecos antibalas o alguna escolta.
De los 2 mil 200 abogados que tenemos, 896 son penalistas y de esos sólo seis casos han requerido estas medidas en este año, pero en otras administraciones no se aplicaban.
Antes, los abogados del instituto no compartían entre ellos sus escritos o sus estrategias para enriquecer las propias, es decir, actuaban solos. Por primera vez se comparten el trabajo entre ellos y estamos operando como un despacho.
Cuando llegué, la Defensoría Pública tenía una gran desventaja frente a la Fiscalía General de la República (FGR) donde sus altos mandos son abogados y pueden litigar asuntos mientras que en el instituto no pasaba eso, los únicos que litigaban eran los asesores jurídicos y los defensores públicos (penalistas).
Ahora, los altos mandos del instituto litigan, soy el primer director general de la defensoría que lleva casos.
Esto pasa cuando el asunto puede sentar un precedente novedoso, hacer valer derechos fundamentales y, sobre todo, que sea un asunto inédito.
Creamos especialidades para designar abogados expertos a cada caso, por ejemplo, en materia de personas en movilidad (migrantes) o con discapacidad. Hemos tratado de renovar la estructura de la defensoría y sin gastar más presupuesto, es decir, compactando áreas.
¿Cómo afectan estas desventajas?
—La defensoría no contaba con peritos propios y tampoco podía hacer uso de los del PJF. En 2013 la relatora de Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados hizo un señalamiento de que la defensoría pública necesitaba tener acceso a peritos independientes.
La defensoría dependía de pedir a alguna universidad pública o privada que nos regalaran un peritaje en algún asunto y aunque a veces lo lográbamos, era la excepción. También podíamos pedirle a la FGR que ellos hicieran el peritaje, lo cual nos dejaba en total desventaja.
¿Hay corrupción?
—Hay muchas formas de corrupción y en un sentido amplio podría decir que sí porque antes la gente debía esperar a que lo atendieran en filas y a la hora de la comida cerraban las instalaciones y debían regresar dos horas después para plantear su problema. Perder un día para las personas es una forma de corrupción porque nos están pagando por un servicio público, somos los abogados de los más vulnerables del país, por eso no podemos cobrarle a nadie. No había una actitud de servicio.
También se daba el nepotismo, que es una forma de corrupción, porque no había nada que lo prohibiera, había un acuerdo de reciente creación, de 2017, del Consejo de la Judicatura, que sancionaba a los titulares que intercambiaban los nombramientos. Eso era para órganos jurisdiccionales y nosotros no somos propiamente un órgano jurisdiccional y no cubría todos los casos.
Cuando llegué aquí había una funcionaria ganando 90 mil pesos que tenía a su hijo y a su nuera como subordinados directos y exentos de checar. Primero los obligamos a checar, al hijo le pedimos resultados sobre las funciones para las que fue contratado y terminó renunciando, su mamá también se fue y finalmente la nuera también.
Detectamos decenas de casos, no eran muchos, pero sí era algo importante porque somos el área auxiliar más grande que existe en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
