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Un tribunal federal en Chihuahua concedió una suspensión provisional para que el gobierno no aplique las nuevas reglas de operación con las que eliminó el apoyo económico a las estancias para ser entregado a los padres de familia.
En un recurso de queja tramitado por la operadora de una estancia infantil y cuatro madres de familia de niños que estaban inscritos en la misma, el Segundo Tribunal Colegiado en materia Penal y Administrativa ordenó al gobierno federal que continúe otorgando el apoyo para este programa conforme a las reglas de 2018.
Con esto, el colegiado revocó la decisión del juez de Amparo que de inicio negó la suspensión provisional solicitada por las quejosas y ordenó que las madres de familia y la operadora de la estancia infantil no sean afectadas con la reducción de recursos.
“Que no se ejecuten los efectos del acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 2019.
“Lo anterior, atendiendo a que se estima que dicho acuerdo en el que se establecen las reglas de operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2018 es el último acto administrativo donde se reconoció la garantía [impulso a estancias infantiles] a la que se ha aludido a lo largo de esta resolución, aunado a que la autoridad competente emitió según fue dicho, un acto administrativo [comprobante de incorporación e inscripción] favorable a los menores, cuya vigencia no culmina en un ejercicio fiscal determinado, sino hasta que cumplan la edad límite ahí señalada”, indica la resolución a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso.
Durante 2018 las estancias del país recibían 950 pesos mensuales por cada niño inscrito. De acuerdo con la reducción establecida en el presupuesto 2019, el gobierno entregará 800 pesos mensuales por niño directamente a los padres.
De este modo, según las declaraciones de la titular de Bienestar, María Luisa Albores, los padres de familia podrán utilizar ese dinero para pagar las cuotas a las estancias.
Aunque la funcionaria ha indicado que el DIF nacional coadyuvará con la secretaría a vigilar que los padres beneficiarios de este apoyo, cuyo perfil es de trabajadores con ingresos salariales bajos, lo utilicen en la educación y el cuidado de sus hijos, no ha especificado cómo se garantizará que no utilicen el dinero para sufragar otras necesidades básicas.
En su resolución, el colegiado ordenó a Bienestar a que realice las gestiones para que la operadora de la estancia reciba los recursos y pueda continuar prestando el servicio a las otras quejosas del amparo.
