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La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los Jueces de Distrito y Magistrados Federales han vuelto a evidenciar notoriamente su parcialidad e ilegalidad a favor de Emilio Lozoya y en contra de las víctimas que son el Estado mexicano y la empresa estatal Petróleos Mexicanos Pemex (Pemex) y cada vez es más evidente la conducta indebida.
Al desechar diversas pruebas obtenidas con base en dos Tratados Internacionales, que cuentan con nivel constitucional artículo 133.
Y que se aplican constantemente en acciones de colaboración con otros países por parte de entidades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de las que incluso, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto como legales.
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“Hace unos cuantos días y de forma ilegal, evidentemente ilegal, violentando el Código Penal Federal, uno de esos mismos Jueces, de esa competencia le otorgó beneficios a Emilio “L”, que artículos expresos de la legislación, le niegan. Cada vez es más evidente la conducta indebida”, detalló la dependencia en un comunicado.
Esto luego que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó que serán desechadas las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Emilio Lozoya por el caso de la empresa brasileña Odebrecht.
El Tribunal señaló que no hay pruebas que la información bancaria fue sustraída bajo una orden judicial, previo a su obtención, sin importar si los documentos fueron emitidos fuera o dentro de México.
Destacó que es irrelevante del lugar donde provenga, pues lo realmente importante es cómo se adquirió y la prohibición de incorporarse a procesos jurisdiccionales sin colmar los requisitos que nuestro derecho interno exige.
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En marzo de este año, en audiencia intermedia de el juez de control del Reclusorio Norte, Gerardo Alarcón López, no admitió las pruebas de la FGR contra Lozoya relacionadas a información bancaria de la Confederación Suiza y comprobantes de las transferencias de recursos que Odebrecht, a través de distintas firmas offshore, realizó a las empresas Latin America Asia Capital Holding y Zecapan S.A, relacionadas con el exdirector de Pemex.
Esto al considerar que fueron obtenidas de manera ilegal por el Ministerio Público y se violó el secreto bancario.
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