Mujeres de entre 15 y 19 años que no quieren ser madres adolescentes son las principales afectadas por las restricciones penales al aborto que aún dominan 20 de los 32 códigos penales locales del país, pues más de la mitad de ellas no puede acceder a un procedimiento seguro en clínicas privadas ni en públicas.
Según el Informe sobre violencia contra las mujeres del Examen Periódico Universal (EPU) 2023, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil jóvenes.
Aunque en este sexenio nuestro país se convirtió en un referente de garantías en derechos reproductivos para toda Latinoamérica, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional que el Código Penal Federal penalice el aborto, el EPU tiene registro de que la mayoría de nacimientos producto de embarazos adolescentes ocurrieron antes de los 15 años, hecho que especialistas lamentan, pues significa que miles de niñas no pudieron interrumpir la gestación fetal no deseada.
“Al ser tipificado como delito en algunos estados crea un estigma y junto con él pesa un adultocentrismo dentro de las instituciones de salud y la sociedad en general que hace para las niñas y adolescentes más difícil el acceso al procedimiento, que de por sí se criminaliza.
“Tristemente, las jóvenes y niñas tienen que buscar otras formas para acceder, como la NOM-46, que obliga a la interrupción del embarazo a partir de los 12 años en casos de agresión sexual, o el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, que contempla la atención de adolescentes desde una perspectiva de juventudes que debe ser respetada no sólo en casos de agresión sexual”, informó al respecto Brenda Gutierrez, vocera de Fondo María.
El EPU 2023 informa que de las menores embarazadas, en 36.5% de los casos ocurrió a causa de relaciones sexuales no planeadas, 17.5% por falta de acceso a información sobre métodos anticonceptivos y 9.4% tras sufrir un abuso sexual.
El estudio colocó en primer lugar a las niñas de 14 años, con una representación de 82%; en segundo, a las de 13 años, con 14.2%; luego, 12 años, con 2.4%, y, finalmente, las niñas de 11 años, con 0.7%.
Hasta noviembre de este año, únicamente 12 de los 32 estados de la República Mexicana armonizaron su Código Penal con el fallo de la SCJN, y son: Ciudad de México, Aguascalientes, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Coahuila y Quintana Roo.
Sin embargo, aún en capitales como la Ciudad de México, donde el procedimiento ya no es un tabú y se practica en clínicas públicas y privadas, en abril se abrieron 13 carpetas de investigación por el delito de aborto, ya que es legal hasta las 12 semanas de gestación en caso de abuso sexual.
Asimismo, en Guerrero, otra entidad donde legisladores discuten abiertamente el tema y despenalizaron el aborto sin límite gestacional para cualquier embarazada, existen otras trabas para que las mujeres accedan al procedimiento, entre las que se encuentran la falta de asignación de presupuesto, de garantías de prácticas seguras, de acceso al servicio con los insumos necesarios y discriminación, criminalización, falta de información y trabas burocráticas y administrativas.
“Las niñas y adolescentes tienen el mismo derecho de acceder al aborto que las mujeres mayores y personas con capacidad de gestar, por eso tienen que ser respetadas porque es un procedimiento médico que está siendo tipificado dentro del Código Penal y no se está regulando como un servicio de salud, sino que se está regulando como un acto delictivo”, dijo al respecto la activista en una plática con EL UNIVERSAL.
Brenda Gutiérrez consideró que para 2024 y el próximo sexenio autoridades y tomadores de decisiones tienen el compromiso de llevar a la práctica en todo el país lo que la SCJN estableció en papel con el fallo a favor que en la materia emitió el pasado 6 de septiembre.
