A los dos árboles los separa una decena de metros. Uno está muerto, con el tronco gris y las ramas retorcidas. El otro, verde, lleno de hojas. Cerca, cruzando un camino de tierra, está el parque industrial Ciudad Textil, en Puebla . En sus terrenos hay una laguna del tamaño de una nave industrial. El agua es de color metálico.
Es uno de los tanques de oxidación que hay en esta área industrial donde las naves descargan sus vertidos. El árbol muerto tiene a su lado un charco con líquido tremendamente similar al del estanque que ha convertido la tierra a su alrededor en un lodo plateado. El pasto que rodea al segundo está sano.
La Asociación de Empresarios del Parque Industrial Ciudad Textil tiene tres multas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pendientes por pagar.
Las tres son del año 2021 y juntas no llegan al millón de pesos; 406 mil pesos por descargar residuos de forma ilegal; 338 mil pesos por no tener los dispositivos necesarios para medir la cantidad y calidad de sus aguas; y 16 mil pesos por obstaculizar las visitas y fiscalizaciones de Conagua. Al pasear por los alrededores del parque industrial se observan y huelen las aguas fétidas que desbordan desde las naves industriales hacia la carretera.
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Estas multas no son las únicas que las empresas y usuarios de agua de México han esquivado. De 2012 a 2021 la Conagua ha impuesto más de 10 mil sanciones económicas por un total de mil 306 millones de pesos, según información obtenida vía transparencia. De esta cantidad, sólo se han logrado cobrar 568 millones, dejando sin hacer efectivos 738 millones. De estos, 134 millones de pesos fueron enviados a l a Coordinación General de Recaudación Fiscal , pero no hay registro de que fueran pagados, mientras, más de 604 millones siguen pendientes y no se mandaron para ser recaudados.
Aunque se solicitó a Conagua una entrevista, sólo accedieron a responder por escrito un listado de preguntas. De acuerdo con su respuesta, todas las multas deben ser enviadas a cobro, pero el uso de los medios de defensa hace que se retrasen los envíos; 576 millones de los 738 que quedan pendientes son del sexenio anterior, pero según la Conagua, esto no afecta a la efectividad de las multas como elemento disuasorio.
De los 738 millones de pesos pendientes, más de la mitad, 451, los deben instituciones privadas y particulares, principalmente empresas, con 374 millones, seguido de ejidos, con 37 millones y asociaciones civiles, con 23 millones; más 17 millones repartidos entre otros usuarios, pero el resto, 287 millones, los adeudan organismos públicos como Agua y Saneamiento del municipio de Toluca, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. De estos, la empresa Pemex y sus subsidiarias deben a Conagua 20 millones de pesos.
“El parque no cuenta con plantas tratadoras para sus aguas químicas. Entonces, esos residuos simplemente los vierten a unos tanques de oxidación, que son hoyos a cielo abierto, y se van vertiendo al subsuelo o se desbordan cuando llueve...”, lamenta José Torres, que como otros pobladores de la zona lleva un lustro denunciando la situación del parque industrial Ciudad Textil y del vecino parque industrial Mercatus.
Se solicitó una entrevista con los gerentes del parque industrial Ciudad Textil, pero al cierre de la edición no habían respondido.
Varios activistas contra estos dos parques, como documentó EL UNIVERSAL en febrero de 2020, han sido amenazados, llegando a insinuar que si hubiera un muerto las cosas serían más fáciles o advirtiendo a una joven de 18 años que le iban a “arrancar los dientes”.
“Nosotros comenzamos a denunciar cuando vimos que esas aguas contaminadas empezaban a correr por los campos de cultivo, ya que según se fueron llenando los tanques de oxidación, empezaron a desbordarse. También cuando comenzaron a construir un drenaje muy grande que iba a verter sus aguas al río Metlapanapa, sin tener planta tratadora de agua y sin nuestro permiso”, relata Torres.
En diciembre de 2019, la organización Front Line Defenders acudió a documentar este conflicto: “La intención de implementar por la fuerza sistemas de alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial implica la instalación de tubería industrial que atravesará el territorio de la comunidad, además de la descarga de desechos tóxicos al río Metlapanapa”, dice su informe.
Las descargas ilegales de residuos a cuerpos de agua suponen 169 millones de pesos del monto total que Conagua no ha logrado cobrar. Le superan los 179 millones por explotar ilegalmente acuíferos y demás cuerpos de agua y 312 millones por incumplir los términos de las concesiones.
La construcción de este drenaje está detenida hasta que se resuelva un amparo interpuesto por la comunidad de Santa María Zacatepec. A principios de 2020, un juez resolvió que de darse la descarga de aguas residuales “significaría la contaminación del río y la consecuente afectación al medio ambiente y a la salud, y riesgos de repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes y/o la salud pública”.
Sólo 30 kilómetros al norte hay un ejemplo de qué podría pasar. Torres lo resume muy bien: “Hay miedo de que el río Metlapanapa acabe como el Atoyac”, subraya.
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El agua multicolor del río Atoyac
“El agua cambia de color. A veces viene azul, a veces roja, a veces negra... El olor es penetrante, huele a chicle y a podrido, y se clava en la cabeza, haciendo que lloren los ojos, arda la garganta y den ganas de vomitar”, describe Isabel Cano , de 70 años, lo que se siente estando parada junto al río Atoyac. A su espalda hay una descarga de aguas residuales de uno de los tres corredores industriales que rodean y contaminan este río: el Quetzalcóatl, el Huejotzingo y el Ixtacuixtla.
Para Cano, ama de casa nacida en esta zona y vecina de toda la vida, la contaminación del río le quitó lo más querido: su hija Zulma murió de una leucemia antes de cumplir los 40. Una hermana suya murió de un tumor cerebral, otra de cáncer uterino y un hermano tiene insuficiencia renal: “Duele mucho que a costa de nuestra salud haya gente que se esté haciendo rica”, reflexiona.
En 2012, una serie de estudios realizados por el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detectaron “graves enfermedades causadas por contaminantes arrojados al río Atoyac por las industrias asentadas en la región”, ya que “las sustancias químicas no sólo afectan al ambiente, también podrían ser origen de enfermedades como anemia hemolítica e insuficiencia renal”, señala.
En 2011, un grupo de vecinos presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por “la contaminación ambiental de los ríos Atoyac y Xochiac y sus afluentes, presuntamente derivado del desarrollo industrial y crecimiento desmesurado de la región”.
Tras seis años, la comisión emitió una recomendación en la que se da por probado que la causa principal de la contaminación es “la descarga de aguas residuales municipales e industriales sin previo tratamiento” y que “los cuerpos de agua reportan contaminantes provenientes de aguas residuales industriales”.
Desde 2012 a la fecha, cinco municipios afectados de Tlaxcala y Puebla —Nativitas, Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Huejotzingo, San Martín Texmelucan y Tepetitla de Lardizábal— han recibido cuatro millones de pesos en multas principalmente por descargas ilegales y no medir la calidad de sus aguas, de las que no han pagado más de un millón.
Las industrias del ramo textil de la cuenca han recibido un total de 18 millones en multas, de las que aún deben ocho millones.
Andrés Estrada, ingeniero químico y medioambiental, trabajó durante ocho años en una fábrica de tejido para jeans en esta cuenca antes de volver a la academia y escribir el estudio Evaluación toxicológica del agua residual textil (proceso DENIM) vertida al río Atoyac : “Una empresa de mezclilla puede generar una descarga de entre 10 y 15 litros por segundo, y en la industria tenemos normas que claramente no se cumplen por la permisividad de la autoridad y la falta de interés y compromiso de la industria”, explica con la certeza de la experiencia.
“Después de esta recomendación no hemos visto ni una sola iniciativa por parte de la industria para tratar sus aguas antes de descargarlas al río”, lamenta Laura Méndez, una de las vecinas que impulsó la queja y miembro de la organización Por un Atoyac con Vida: “Por esta recomendación construyeron una planta tratadora en el municipio de Tepetitla de Lardizábal, pero hace ya dos años que se entregó la obra y no la han puesto en marcha”.
No es un caso único. Una investigación de Connectas, publicada en noviembre de 2021, encontró que, de 108 plantas de tratamiento de aguas residuales que existen en Puebla y Tlaxcala, 60 no funcionan. El gasto total en estas instalaciones fue de 222 millones de pesos.
“Que tras la recomendación no haya cambiado nada nos hace sentir desesperanza, enojo e impotencia... Hay falta de voluntad política y de diálogo con la industria. No queremos que se vayan las empresas, sólo que se les obligue a cumplir las normas como hacen en otros países”, reflexiona Méndez. “Las multas son una burla, pagan poco por contaminar... si las multas fueran ejemplares, no estarían contaminando como lo hacen”, afirma.
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En 2021, Conagua impuso tres multas al parque industrial Ciudad Textil por descargar ilegalmente líquidos residuales, obstaculizar la labor de fiscalización y no tener los dispositivos para medir la calidad del agua; ninguna ha sido pagada.