Pero casi cuatro años después, el gobierno no ha visto un peso de semejante monto. La multinacional alemana presentó un recurso en el que aseguraba que todo se debió a un error administrativo interno y, hasta que concluya el litigio, no podrá cobrarse la multa. Esta historia es el esquema básico de la gran mayoría de las multas impuestas a la industria por parte de la procuraduría ambiental. De los mil 740 millones de pesos con los que han sancionado a casi 5 mil empresas desde 2012 hasta agosto de 2019, sólo se han cobrado 193. Un ínfimo 11%.
En el análisis de los datos de un enorme listado de multas y sanciones facilitado vía transparencia por la dependencia federal, se observa que la institución encargada de que se cumplan las leyes ambientales en México impuso 16 mil 923 multas a diversas industrias por todo el país. De éstas, sólo se pagaron 3 mil 728. Representantes de la procuraduría aseguran que se debe a que las empresas recurren a estrategias legales para retrasar al máximo el pago de las mismas.
Un problema sobre el que advirtió hace ya más de dos años la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que solicitó a la Profepa que evaluara y diera solución a “las causas por las que no fueron recaudados” esos cientos y cientos de millones de pesos. Expertos en derecho ambiental consultados por EL UNIVERSAL opinan que las multas en México, además de no pagarse, son muy bajas y esto causa que la misión principal de una sanción, que es servir de advertencia y ejemplo de las consecuencias a otros posibles empresarios e infractores que se estén saltando las leyes, se anule completamente.
“Digamos que pongo una sanción a una empresa automotriz, que tiene que obtener los certificados para sus automóviles estén conforme a la norma, pero no me acredita que los tenga”, ejemplifica Silvia Rodríguez Rosas, subprocuradora jurídica de la Profepa: “Entonces le impongo una multa por cada unidad, con base a diferentes parámetros: la gravedad de la infracción, el beneficio obtenido, las condiciones económicas de la empresa y las condiciones sociales y culturales”.
Las industrias que vigilan son las minas, las que manejan recursos peligrosos, las que hacen descargas industriales en cuerpos de agua, para decidir a cuáles van a investigar cada año, con los cerca de 700 inspectores que, asegura, hay por todo México, para lo que realizan una planeación anual, además de seguir recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y acudir ante las empresas denunciadas por ciudadanos.
“Luego, la empresa puede impugnar por varios medios, ya sea por medio administrativo o judicial. También pueden hacer uso de otros medios, como es la conmutación, que es aceptar que ha infringido la ley y hacer acciones en pro del medio ambiente, o la remedación, que es corregir las irregularidades”, continúa. En estos casos, precisa, las multas se pueden reducir, pero no llegan a eliminarse.
La mayor cantidad de multas, alrededor de 10 mil, son por malos manejos en los residuos peligrosos; seguidas por las 2 mil 408 relativas a contaminación ambiental; 751 por fallos en los documentos de impacto ambiental, y 330 debidas a derrames de esos residuos peligrosos. En casi 3 mil no hay registro de las causas de la sanción.
El 95% de las 16 mil 923 multas impuestas fueron menores de 250 mil pesos, de las que se pagaron 3 mil 600. Cuanto más sube el monto, menor es el pago. De las 144 que van de un millón de pesos en adelante, sólo se han pagado 12. Nueve de ellas por empresas de Grupo México, abonadas después del desastre ambiental del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014.
“Lo habitual es que las empresas, ante las multas grandes, opten por la impugnación. Un juicio es muy largo, con cinco años de promedio, y muy costoso. Si una empresa no opta por ninguno de estos medios, se comunica al Servicio de Administración Tributaria [SAT] que realice el cobro”, finaliza la subprocuradora Rodríguez.
En 2015, la Auditoría Superior de la Federación revisó las multas impuestas por la Profepa entre 2011 y 2015 y su coordinación con el SAT para su cobro. Su resultado muestra que no se ha avanzado en los últimos cuatro años. De los mil 501 millones de pesos que se habían impuesto a las diversas empresas, sólo se cobraron 150 millones, casi el mismo 11% actual.
En sus recomendaciones a la procuraduría ambiental, el SAT y la auditoría superior solicitan que analicen las causas por las que no se han recaudado semejantes cantidades y también que aclaren el destino de los millones recaudados. Según la ley, deberían integrarse en un fondo de la procuraduría para que ésta pueda destinar esos recursos a realizar más inspecciones.
De acuerdo con los responsables actuales de la institución, ese mecanismo no existe, pero la administración federal les devuelve parte de los montos al asignar los presupuestos.
“La procuraduría se crea en 1992, yo creo que como una consecuencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos [TLC], ya que decían que México tenía buenas leyes ambientales, pero no gente que se encargase de aplicarlas”, explica Gustavo Alanís Ortega, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
“Su problema es que tienen pocos recursos para todo lo que tiene qué cubrir y su presupuesto, que ya es bajo, cada año es más reducido”, subraya.
El presupuesto asignado a la Profepa se ha ido reduciendo en los últimos años. En 2015 tuvo mil 100 millones de pesos, mientras que en 2018 fueron 989 y para este 2019 le asignaron 796 millones. Una reducción de 28% en cuatro años. “Sería muy importante fortalecerla para que hagan cumplir la ley y no haya afectaciones, pero está claro que el medio ambiente no es una prioridad para este gobierno”, refiere.
Alanís Ortega señala otra gran falla: “Las multas son muy bajas y la ley se viola sin miedo, ya que a las empresas les sale más caro cumplir la ley que violarla”. Y añade: “Hay que poner multas más altas y cobrarlas. Esto podría ayudar con la pobreza presupuestal; es impresionante la cantidad de fondos y recursos destinados al medio ambiente que no tienen lana”.
En la presentación del libro Crisis Ambiental en México el pasado viernes, el secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo, se marcó un objetivo: “Ir industria por industria, una por una, para ver si contaminan o no contaminan y, si están contaminando, que paguen”. En un cálculo aproximado, si se cobrase únicamente la mitad de las multas consignadas al año por la procuraduría, habría entre 40 y 250 millones de pesos al año para las arcas públicas. Millones que, según la ley, deberían ser más músculo para vigilar que las empresas no malgasten el patrimonio natural de México.