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Empresarios del sector energético revelaron la existencia de una red de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante la gestión de Emilio Lozoya Austin para despojar de sus empresas a grandes proveedores y contratistas de la petrolera estatal.
Mediante operaciones de acoso, de auditorías por parte de la filial Pemex Exploración y Producción (PEP) y de asfixia económica —dejándoles de pagar—, les ofrecían comprar la empresa e incluso les invitaban a seguir trabajando con los nuevos propietarios.
Luego de la revelación de que el exdirector de Pemex tiene en su poder videos y grabaciones con empresarios del sector que podría usar para su defensa, trascendió que algunos fueron víctimas de esa red de corrupción.
Blue Marine, Oceanografía y Evya fueron algunas de las compañías acosadas porque llegaron a representar muy buen negocio que podría ser operado por gente cercana a Lozoya Austin.
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Su propietario Javier Camargo Salinas narra a EL UNIVERSAL que el despojo se fraguó con acusaciones por presunto fraude a Citigroup el 14 de abril de 2014 y cuando el área de auditoría interna de PEP solicitó una revisión a 20 contratos otorgados a Representaciones y Distribuciones Evya y dos a Grupo Evya, según se desprende del oficio No. OIC- AAI-PEP-18-575-140-2014, provocó que los bancos congelaran sus créditos por esas auditorías.
El empresario recuerda que Lozoya Austin lo citó el 12 de mayo de 2014 en la Torre de Pemex para informarle que unos inversionistas, entre ellos Fausto Miranda —del despacho SAI Asesores, de Jaime Serra Puche, exsecretario de Hacienda durante la administración de Ernesto Zedillo— y Ricardo Maldonado, secretario del Consejo de Administración de Grupo Televisa, iban a salvar su empresa.
Radicado en Ciudad del Carmen, Campeche, el empresario señala que tres días antes de la reunión con Lozoya Austin, la visita de inspección a los contratos por parte de PEP fue cancelada bajo el argumento de excesiva carga de trabajo del Órgano Interno de Control de PEP: “Lozoya tenía ya la intención de quedarse con la empresa y los contratos de alguna manera”.
Al dejarnos sin liquidez, lamenta, “nos vimos obligados a ceder las acciones de la empresa que ahora se llama Avalon Marine”, detalla.
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El 10 de julio de 2014, Camargo Salinas recibió a los inversionistas enviados por Lozoya Austin en las oficinas de los astilleros de Evya. A la reunión acudieron Fausto Miranda y Ricardo Maldonado, socio del despacho Mijares, Angoitia, Cortés & Fuentes.
Uno de los fundadores de esa firma era Alfonso de Angoitia, CEO de Televisa. En el encuentro estuvieron Joshua Fink, hijo de Laurence Fink, presidente ejecutivo de la mayor gestora de fondos del mundo: BlackRock, e Ignacio Quesada, director gerente de Álvarez & Marsal Holdings LLC, según la copia del correo electrónico con el que se gestionaron los accesos al patio.
Quesada fue colaborador cercano de Ernesto Cordero en las secretarías de Desarrollo Social y Hacienda, y director corporativo de finanzas de Pemex de enero de 2011 a mayo de 2013, tiempo en el que coincidió con Lozoya.
Álvarez & Marsal se encargó de revisar los 27 contratos de la empresa para asegurarse de que Evya era un negocio rentable.
Hasta ese momento, del valor de los contratos estimado en 10 mil 901 millones de pesos, se habían ejercido 5 mil 551 millones y faltaban por ejercer 5 mil 386 millones. Fausto Miranda ofreció mil millones de pesos para salvar a la empresa. Si me negaba, asegura Camargo Salinas, “sufriría las consecuencias”.
“Fui informado que seguiría siendo presidente de Evya, pero sin funciones y con salario de 300 mil pesos mensuales”, agrega.
Los otros casos
En situación similar estuvo Blue Marine y Oceanografía. Fuentes cercanas a ambas empresas, que solicitaron no ser citadas, aseguran que la primera se opuso y resistió, pero en el caso de la propiedad de Amado Yáñez fue acusada de un desfalco por 400 millones de dólares a Banamex y su dueño fue a parar a la cárcel.
Blue Marine nació como consorcio empresarial conformado por las empresas Subtec, Blue Marine Shipping, Blue Marine Oil and Gas y Subsea 7, y ofrecen servicios de arrendamiento de embarcaciones a Pemex.
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Entre sus principales accionistas están José Antonio Marcos Issa, quien fungió como coordinador de asesores de los exdirectores de Pemex Rogelio Montemayor y Raúl Muñoz Leos.
La empresa fue investigada y sancionada por la Secretaría de la Función Pública y ha sido objeto de numerosas observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de supuestos tráficos de influencias en las licitaciones que ganaba, lo cual sirvió para que la red de corrupción que operó durante la administración de Lozoya Austin buscara apropiarse de ella.
Sobre Oceanografía, el 28 de febrero de 2014 Banamex lanzó una acusación en su contra por el delito de fraude, que originó que la Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación a empleados y directivos de la compañía, una de las contratistas más grandes de Pemex.
Por esa razón, la entonces PGR embargó sus bienes y los puso a disposición del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
