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Tras casi doce horas de audiencia de revisión de medida cautelar, el juez sustituto de Enjuiciamiento, con sede en el Reclusorio Norte, José Rivas González, negó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, llevar su proceso en libertad por el caso Odebrecht, en el que está acusado de los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Lo anterior porque el juzgador determinó que no habían transcurrido los dos años que señala una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que en ningún caso la prisión preventiva oficiosa debe superar los dos años.
De acuerdo con Rivas González, los actos defensa y las acciones para tratar de alcanzar un criterio de oportunidad en el caso, impidieron que se cumpliera dicho periodo, por lo que no se contabilizan los dos años.
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Por lo tanto, "debe continuar la prolongación de la prisión preventiva que se impuso", resolvió en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Ante está resolución, Miguel Ontiveros, abogado de Lozoya Austin, anunció que el próximo lunes apelarán la resolución del juez de esta madrugada.
"Lozoya está muy molesto", dijo el litigante, quien calificó como "muy dura la audiencia" de revisión de la prisión preventiva justificada dictada contra su cliente en noviembre de 2021.
Entrevistado al término de la diligencia, el abogado afirmó que no comparte la resolución del juez en la que señaló que los dos años no transcurrieron debido a que ejercieron actos de defensa, como el criterio de oportunidad que finalmente no se logró.
"Y que eso demoró que fueran dos años de prisión preventiva, pero evidentemente la colaboración se hizo considerando a la Fiscalía General de la República como autoridad, como parte del proceso. Por el otro lado, afortunadamente, fueron excluidas múltiples pruebas, eso tomó tiempo, y esos recursos el juez valoró que por haber ejercido actos de defensa, entonces nosotros fuimos y no las partes, que hicieron que se abonara a los dos años. Digamos que nos atribuyó nuestra propia responsabilidad de ejercer los actos de defensa. Es una resolución insostenible ", lamentó.
De esta manera, anunció: "Es una resolución que nosotros no compartimos como defensa, injusta que no valoró correctamente los argumentos que nosotros brindamos, así que vamos a apelar no se concedió el cambio de medida cautelar y tenemos tres días para interponer una apelación ".
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DEBATE RÍSPIDO
La Fiscalía General de la República (FGR) y Emilio Lozoya Austin, acompañado de su defensa, protagonizan un ríspido debate durante la audiencia de revisión de la prisión preventiva.
Ambas partes intercambiaron acusaciones sobre la dilación del proceso y la falta de voluntad para llegar a un acuerdo reparatorio por los presuntos sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
La FGR, por conducto del agente del Ministerio Público, Manuel Granados, señaló que Lozoya Austin siempre ha buscado dilatar el proceso y evadir su responsabilidad, a través de "argucias" o "chicanas", por lo que no debería llevar su proceso en libertad.
"Evitó ser extraditado, evitó pisar la cárcel, evitó contener su vida social y evitó que el caso se llevara a una audiencia Intermedia. Siempre ha buscado pagar lo menos. Se colgó de un acuerdo reparatorio de otra persona", esto último en relación al pacto que logró el dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, en el caso Agronitrogenados.
Asimismo, Granados dijo al juez que se trata del caso más "escandaloso de corrupción de la presente administración y de la pasada y el justiciable (Emilio Lozoya) ha evitado siempre evadir la justicia".
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"Representa el mayor caso de corrupción de América Latina", señaló para después asegurar que las condiciones para quitarle la prisión preventiva justificada a Lozoya Austin no han variado por lo que tiene que continuar en prisión preventiva porque existe el riesgo de fuga.
A lo anterior, Emilio Lozoya Austin respondió que los presuntos sobornos de Odebrecht se convirtió en un caso de "extrema injerencia política grave".
"Este caso es muy triste, creo que nuestro país merece más, es un caso de extrema injerencia política, muy grave, en la FISCALÍA, Pemex y la UIF, pero se les va a acabar todo porque no habrá criterio de oportunidad, pelearé por mi inocencia,".
bmc / ag
