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Este domingo, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, anunció la publicación de dos proyectos alternos a la reforma judicial. Las propuestas redactadas por autoridades del Máximo tribunal de justicia en México y por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) plantean eliminar de la reforma presidencial la elección de jueces, ministros y magistrados por voto popular; propone extinguir la prisión preventiva oficiosa; que se destine más presupuesto al poder judicial; la contratación de más personal; eliminar del proyecto la creación de un Tribunal de disciplina; así como generar políticas públicas para “desmilitarizar al país”, entre otras cosas.
En un primer documento, titulado “La reforma al poder judicial en voz de la judicatura”, se puntualiza que a lo largo de los últimos meses, la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) en coordinación con la SCJN y el CJF organizó un total de 192 conversatorios, que se desarrollaron en las 32 entidades federativas y en cada uno de los circuitos judiciales del país, en los cuales participaron más de 700 personas.z
“El objetivo de este ejercicio fue aportar a la discusión sobre la reforma judicial desde la experiencia directa de quienes imparten justicia no solo en el ámbito federal, sino también en lo local y con la participación de la sociedad civil. La voz de la judicatura, especialmente la que proviene de las personas juzgadoras y magistradas de todos los niveles de gobierno, y de aquellas personas que conforman la carrera judicial, no puede ser ignorada en un proceso de reforma tan importante para el país y con efectos directos en la impartición de justicia”, se detalla.
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En el documento se reconoce la necesidad de mejorar el sistema de justicia en su integridad, sin embargo, se advierte una fuerte preocupación por el riesgo de que haya un “desmantelamiento” de la carrera judicial, y se cuestiona la viabilidad de la elección popular de personas juzgadoras.
“Dentro de las mesas y talleres de trabajo se reiteró que esta forma de selección de las personas juzgadoras puede constituir una amenaza a la independencia judicial y una posible violación de principios constitucionales como la división de poderes y los frenos y contrapesos”, se indica.
En su lugar, se planea fortalecer los mecanismos actuales de carrera judicial, a fin de consolidarla como la única vía para garantizar un sistema de justicia imparcial y eficiente: “Esto incluye aumentar la participación de la sociedad civil y la academia en los procesos de selección y capacitación, garantizar la transparencia en estos procesos, y asegurar que las políticas de igualdad de género sean efectivas”.
Para ello se propone aumentar el número de personas juzgadoras, mejorar las condiciones laborales y la capacitación de todos los actores del sistema judicial, así como fomentar la participación ciudadana en el diseño de políticas públicas.
También se planteó ampliar las capacidades de la Escuela Judicial para fortalecer la profesionalización de defensorías y fiscalías, “así como para contribuir al fortalecimiento de la carrera judicial a nivel local”.
En consejo de la judicatura propone además eliminar la creación de un Tribunal de Disciplina como se establece en la reforma presidencial: “En particular, preocupa que las decisiones de este tribunal serían definitivas e inatacables en tanto que con este diseño se eliminaría el derecho a una segunda instancia”.
Como alternativa, se recomienda fortalecer los mecanismos disciplinarios existentes dentro del CJF, en lugar de crear un nuevo tribunal. Esto incluiría aumentar la transparencia de los procesos de vigilancia y disciplina.
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Para fortalecer la justicia especializada, se sugiere crear más órganos jurisdiccionales especializados, así como avanzar hacia una justicia digital “para acelerar los procesos sin comprometer su calidad”.
“A la luz de los resultados, es claro y contundente que sin bien los poderes judiciales del país requieren de cambios y mejoras, estas deben ser integrales, es decir, orientarse no sólo a los cambios más drásticos planteados para el PJF, sino a todo el sistema de justicia que abarca fiscalías, defensorías, poderes judiciales locales, administración, disciplina, carrera judicial, capacitación y, desde luego, procesos de nombramiento de los titulares”, concluye el documento.
Por lo que hace a las propuestas de la Suprema Corte, se plantea estandarizar las reglas de la carrera judicial en los poderes judiciales del país, a través de la creación de una “Ley Nacional de Carrera Judicial”.
“La Ley permitirá que se unifiquen las reglas y procedimientos de la carrera judicial en los poderes judiciales del país, para asegurar que el acceso y la promoción en los cargos, incluida la designación de magistrados, se realice a través de procedimientos objetivos que evalúen el perfil, conocimiento y competencias de los candidatos. Este proceso debe ser llevado a cabo por órganos independientes, como los Consejos de la Judicatura Estatales y sus institutos judiciales, en colaboración con expertos de la academia y la sociedad civil, a fin de garantizar la legitimidad y el profesionalismo del sistema judicial”.
También se propone implementar programas de sensibilización y capacitación en ética profesional; incrementar el número de personas juzgadoras y juzgados en los poderes judiciales estatales; incrementar el uso de herramientas tecnológicas que permitan automatizar procesos y agilizar los procedimientos.; así como fortalecer los mecanismos alternativos de solución de controversias en todos los poderes judiciales locales, a través del incremento de conciliadores.
Para garantizar la autonomía presupuestaria de los poderes judiciales estatales, se recomienda que los recursos sean de al menos 2.5% del total del presupuesto de cada entidad federativa, “contemplando un incremento adicional cuando los poderes judiciales implementen reformas estructurales”.
Se plantea derogar el arraigo y la prisión preventiva oficiosa, por considerarlas “figuras jurídicas que propician la privación arbitraria de la libertad”, que además son incompatibles con las obligaciones convencionales asumidas.
Se busca armonizar el reconocimiento y la tipificación del delito de feminicidio; homologar los protocolos de investigación aplicables en la materia; ampliar y fortalecer los alcances del juicio de amparo en materia de reparaciones y suspensiones; incluir la creación de oficinas móviles de denuncia que se desplacen a comunidades alejadas; diseñar y expedir una Ley General de Defensorías Públicas; así como reorientar las políticas de seguridad pública y promover la desmilitarización en México.
“Es importante que en el marco del mejoramiento del sistema de justicia se adecuen las políticas de seguridad en el país para que contribuyan a la construcción de confianza entre la sociedad y las fuerzas de seguridad civil. Esto pasa por promover la observancia constitucional y avanzar hacia una paulatina menor intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, así como garantizar la participación ciudadana en la elaboración, implementación y monitoreo de las políticas de seguridad para asegurar que las comunidades más afectadas por la violencia puedan expresar su voz”.
Finalmente, se propone modernizar los Centros de Comando y Control; establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales; simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta Amber y el Protocolo Alba; implementar medidas efectivas para mejorar el control de armas de fuego en el país; crear una Ley General de Servicios Forenses; y aumentar el personal de las defensorías públicas.
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