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Especialistas en Derecho Constitucional consideraron que si se cumple con los requisitos es viable hacer una consulta ciudadana para preguntar si los ministros deben ser electos por los ciudadanos; sin embargo, dijeron que el planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador es más una estrategia con fines políticos electorales.
El artículo 11 de la Ley de Consulta Popular señala que no podrán ser objeto de la misma las materias electoral, de derechos humanos, la permanencia en el cargo de servidores públicos de elección popular, presupuesto, obras de infraestructura, seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas.
El maestro Julio Jiménez Martínez, especialista de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, señaló que la propuesta del Jefe del Ejecutivo federal obedece más a una estrategia mediática, porque los nombramientos de los integrantes de la SCJN, por ser un poder autónomo e independiente, no son cargos de elección popular.
Expresó que son cargos que se ejercen en función de capacidad, experiencia, trayectoria de juristas, juzgadores, de verdaderos profesionales del Derecho y, sobre todo, con buena reputación y congruencia institucional.
“Sin embargo, el ejercicio de la democracia participativa, el sacar encuestas o someter a votación popular las decisiones, ocurrencias o imposiciones del Ejecutivo, son eso, ocurrencias. No le veo el objeto de gastar recursos públicos en una encuesta innecesaria”, precisó.
Jiménez Martínez destacó que el presidente López Obrador se encuentra en la recta final de su administración y en la antesala de la elección de 2024.
“No veo las circunstancias y las condiciones para realizar una consulta nacional a ese nivel, esto más bien obedece a una reforma constitucional, algo que no se va a consumar, insisto, esto es una ocurrencia, un distractor, una cortina de humo frente a los verdaderos problemas que debe resolver el Presidente”, subrayó.
El jurista Tulio Salanueva Brito, experto del Colegio Nacional de Abogados, dijo que sería viable hacer la consulta si reúnen los requisitos, pero ésta no resuelve el problema de fondo que es la elección de los jueces de la Corte.
Explicó que en este momento habría que hacer una reforma de gran calado a la Constitución y leyes federales para cambiar el nombramiento de los ministros, magistrados y jueces.
“Creo que es un despropósito, la Judicatura tiene un grado de especialización muy alto y no es mediante una consulta popular como se puede resolver la especialización de los jueces, más con fines electorales, porque el Ejecutivo busca la simpatía del electorado”, indicó.
Los jueces tienen una misión concentra y especial, y no es a través de la elección popular como pueden ejercer mejor sus funciones: “Insisto, esto es un verdadero despropósito”.
El doctor en Derecho e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, detalló: “Es viable, está prevista la posibilidad en la Constitución, ahora los tiempos ya no le dan para hacerla este año, el proceso electoral comienza un año antes, sería muy complicada la recolección de firmas”.
Consideró que el planteamiento de López Obrador de elegir a los ministros por voto es absurdo, porque lo que se busca para un juez es que sea un experto, técnico, que sepa de Derecho y que no responda a cuestiones e intereses políticos.
“Para hacer una elección de entrada debería haber un respaldo económico para los candidatos o de qué manera se puede hacer campaña para ser electo, eso implicaría que se les diera recursos o que un partido los arropara para hacer campaña. Eso me parece inviable en ciudadanos comunes, magistrados, juristas o académicos que no estén metidos en la vida política”, dijo.
Martínez Bullé Goyri expresó que eso nos puede llevar a perder calidad en la formación, la capacidad y en el conocimiento de los ministros y los integrantes del Poder Judicial.
