En 38 estados de se elige por voto popular solo a los jueces de las Altas Cortes; sin embargo, la mayoría de la población está en contra y se presentaron, entre 2008 y 2014, mil 300 iniciativas para reformar al Poder Judicial, señaló Adriana García, del colectivo “La justicia que queremos”.

Dijo que la experiencia comparada podría servir para analizar la propuesta que realizó el Ejecutivo para que ministros, magistrados y jueces en México se elijan mediante el voto popular, a pesar de que se votaría en una escala mayor.

“Cabría aclarar que nada más se trata del voto popular de los jueces de Altas Cortes, en ninguno de los estados está hablando de votar por todos y cada uno de los jueces, y esto tiene una lógica, que si hay algún problema abajo, se va a resolver por la corte máxima. Entonces, si tenemos votación ahí, entonces no tenemos que preocuparnos por votaciones en los jueces que están supeditados a estas cortes supremas, aún cuando tenemos 38 estados en Estados Unidos que cuentan con votación popular, hay un amplio debate al respecto, la gente no está de acuerdo”, dijo.

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En su participación en el séptimo foro sobre la , organizado por la , añadió que la elección popular corre el riesgo de que haya un mercado negro de financiamiento.

Y que en Estados Unidos se ha probado que los juzgadores responden a los intereses de quienes financian sus campañas, además de que también resuelven casos a su conveniencia cuando hay un proceso electoral.

“Hay serios problemas con la influencia del dinero en las elecciones, aún cuando en unos estados (de Estados Unidos) observamos que no se puede hacer financiamiento privado, este financiamiento privado siempre existe y hay un mercado negro de financiamiento privado, grupos de interés, partidos políticos gastan grandes sumas de dinero para inflar a quién será su juez, lo que ha comprometido y existen casos documentados de que se ha comprometido la imparcialidad de los juzgadores, se ha observado que los juzgadores tienden a darle la razón a aquellas personas que les financiaron las campañas”, comentó.

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La en Estados Unidos, también propicia que los candidatos mejor calificados desistan de participar en el proceso, por el problema que supone recaudar fondos para sus campañas.

“La necesidad de recaudar fondos y tomar posiciones públicas sobre asuntos judiciales, desalienta a muchos candidatos que sí son calificados, pero que no son políticos, no son populares, no quieren salir a recaudar votos. Se ha observado falta de imparcialidad, estudios empíricos confirman que las contribuciones a campañas predisponen a los jueces a fallar a favor de sus donantes, los jueces son menos propensos a fallar a favor de acusados cerca de las elecciones”, finalizó.

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desa/apr

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