Cuatro consejeros de la Judicatura Federal no pueden ignorar los amparos vigentes; van a la autodestrucción, señalan constitucionalistas a EL UNIVERSAL luego de que el pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) avaló la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) por cuatro votos a favor de Bernardo Bátiz, Celia Maya, Eva Verónica de Gyvés y Sergio Javier Molina.
El pleno determinó enviar las listas de plazas disponibles de jueces y magistrados para la elección por voto popular.
El abogado constitucionalista y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Francisco Burgoa considera inaceptable que una mayoría en el CJF decidió entregar al Senado la información para la selección por tómbola de jueces, ignorando las suspensiones de amparo emitidas por el propio PJF.
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“Esta acción no sólo vulnera el principio de legalidad, sino que convierte al órgano administrativo del PJF, gracias a cuatro consejeros, en protagonista de su autodestrucción y cómplice de la erosión de nuestra democracia constitucional”.
El abogado refiere que hay una fractura o división desde el momento en que una mayoría de cuatro consejeros se impuso frente a la minoría de tres, en donde se encuentra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, quien es también la presidenta del CJF, así como Lilia Mónica López y José Alfonso Montalvo.
Subraya que en esta división al interior del Poder Judicial los más afectados son los trabajadores, jueces y magistrados que forman parte de este sistema de justicia, en donde sus derechos van a ser afectados y solamente se tiene una complacencia desde este órgano de administración al oficialismo.
Burgoa resalta que el amparo enfrenta su mayor crisis constitucional, reducido a un mero adorno sin consecuencias reales ante los desacatos, y detalla que esta falta de respeto a las suspensiones de amparo que ordenan detener la reforma judicial y que constituyen desacatos son una grave amenaza para la independencia del Poder Judicial y para el Estado de derecho.
Juan Jesús Tito Garza, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señala que el CJF es un órgano colegiado, presidido por la ministra presidenta Piña Hernández y, en ese sentido, las decisiones que ella toma no van a ser las mismas que sus pares.
Después de que hemos visto que han llegado personajes cuestionables como la consejera Celia Maya, quien fue candidata para la gubernatura de Querétaro por Morena, o Bernardo Bátiz, que tiene una trayectoria partidista.
“Estos consejeros, en lo particular, claramente no están velando por la institucionalidad del consejo, están viendo por sus propios intereses y ver cómo pueden subsistir a pesar de la reforma judicial”, precisa el autor del libro No estudies derecho.
Cuestionado sobre qué ocurre con el Estado de derecho, indica que si el propio Consejo votó para no acatar una suspensión definitiva, lo que estamos viendo es que están allanando el camino para que, tarde que temprano, cuando la SCJN tenga que decidir respecto a la viabilidad o no de la reforma judicial, ya van a existir antecedentes peligrosos como el del CJF.
“Hay que distinguir una suspensión, no es lo mismo que una sentencia… Una suspensión es parte propiamente de una sentencia, aquí lo que estamos viendo es un cúmulo de suspensiones, una parte de la sentencia que no se ha cumplido (...) Al contrario, se han desacatado”.
Rafael Estrada Michel, doctor en Derecho y constitucionalista, comenta que hay un problema mayúsculo y un mal ejemplo por parte de la Judicatura Federal que puede poner en peligro el cumplimiento de otras suspensiones igualmente importantes por parte del Legislativo y Ejecutivo.