La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres manifestó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) deber ser sometido a controles democráticos implica que puedan ser electos los jueces, las juezas, las magistradas los ministros y ministras para que no sean tratados como funcionarios judiciales aislados de la sociedad.
En el marco “Diálogos para la Reforma al Poder Judicial” en el Teatro de la República Querétaro, señaló que servidores públicos significa estar sometidos a las leyes.
“Además, debemos funcionar bajo un principio de servicio y significa que tenemos obligaciones como servidores públicos… estamos sujetos o deberíamos estar al escrutinio público”, sostuvo.
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La ministra dijo que las personas impartidoras de justicia deben entender que su trabajo es un servicio público y no un título nobiliario o un reconocimiento a su carrera profesional.
Tras participar en el Foro sobre la Reforma al Poder Judicial, Batres comentó que uno de los objetivos principales de la iniciativa: democratizar la impartición de justicia.
Es muy importante señalar que el Poder Judicial no es propiedad de jueces, tienen que prestar un servicio público. No debe servir para que algunos personajes nos sintamos muy importantes y miremos hacia abajo.
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“No son títulos nobiliarios, son funciones de servidores públicos que deberían… ayudar, para llevar justicia a las personas, a las comunidades, a nuestras entidades federativas, a nuestro país completo. Creo que podemos hacerlo”, aseveró.
La ministra resaltó que la actual carrera judicial no es más que un sistema de escalafón con exámenes, donde lo común son las convocatorias cerradas, donde solo pueden participar los propios miembros del Poder Judicial.
En el foro también participó el senador César Cravioto quien enfatizó que la reforma judicial tiene cuatro elementos relevantes: la elección por voto directo de las personas impartidoras de justicia, ajustar su salario al límite constitucional.
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Así como la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal para transformarlo en un tribunal de disciplina y en un órgano administrador, y fijar tiempos límite para la resolución de los asuntos jurisprudenciales.
La senadora Beatriz Robles refrendó su compromiso con la reforma judicial como parte de su trabajo legislativo en beneficio de la gente.
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