La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Oficina de la Presidencia y la Consejería Jurídica del presidente Andrés Manuel López Obrador evadieron responder cómo se gastarán los recursos que devolverá Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA), en tres pagos entre 2021 y 2023. Las dependencias fueron cuestionadas por Quinto Elemento Lab a través de solicitudes de información y todas dijeron no saber cuál es el destino que tendrá el dinero, pese a que López Obrador ofreció transparencia.
López Obrador ha celebrado que por primera vez en la historia reciente se recuperará dinero procedente de una operación fraudulenta contra el Estado. Ancira Elizondo, quien fue detenido en España, extraditado y encarcelado, recobró su libertad en abril pasado, una vez que ofreció devolver 50 millones de dólares este noviembre, 54.1 millones en 2022 y 112.5 millones en 2023.
Cuando las negociaciones entre el gobierno y Ancira Elizondo estaban en curso, López Obrador dijo que el dinero se usaría para comprar vacunas contra el coronavirus: “Nosotros lo que queremos es que regrese el dinero. Sobre todo [para] seguir ampliando recursos que están destinados para la vacuna”, dijo en diciembre de 2020.
El Presidente cambió su versión cuatro meses después y dijo que los recursos devueltos se los quedaría la petrolera: “Este dinero va a ayudar para que Pemex lo invierta. La recomendación es que se destine a fertilizantes que se están entregando a campesinos, a productores”, señaló en su mañanera del pasado 20 de abril, un día después de que Ancira Elizondo firmó el acuerdo reparatorio.
![El misterio de los 216 millones de Ancira](https://www.eluniversal.com.mx/resizer/v2/MHSJLTX4RNDUPDXJGQ2TUM5QYE.jpg?auth=&smart=true&width=567&height=206)
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¿Y el dinero? Nadie sabe, nadie supo
La Consejería Jurídica del presidente López Obrador dijo que la información sobre el destino del dinero recuperado debe ser proporcionada por la Oficina de la Presidencia de la República, a través de su vocero Jesús Ramírez Cuevas.
Pero la oficina de la Presidencia precisó que “no es competente” para atender la solicitud, por lo que pidió dirigir la petición a la Secretaría de Hacienda. Enviada la solicitud a Hacienda, ésta a su vez la turnó a la Procuraduría Fiscal de la Federación, a la Subsecretaría de Egresos, a la Tesorería de la Federación y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero ninguna respondió cuál será el destino. La subsecretaría aseguró que la información es inexistente y recomendó dirigir la solicitud a la Secretaría de Salud.
La UIF dijo que la petición debe ser atendida por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, y la Tesorería expuso que “no está en aptitud de proporcionar la información” y sugirió enviar la solicitud de información a Pemex.
Quinto Elemento Lab y EL UNIVERSAL dieron a conocer en junio pasado que la FGR reservó por cinco años el texto íntegro del convenio reparatorio. Ante la negativa de revelar los detalles, el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) le ordenó a la fiscalía entregar la información y el documento se desclasificó el jueves pasado, pero el informe no menciona el uso final que se le dará al dinero recuperado.
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