Almoloya, Méx.— El capo Héctor Palma Salazar, alias El Güero Palma, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa, vio cerca su libertad, pero fue frustrada una vez más por la Fiscalía General de la República (FGR).
Todo estaba dispuesto para que ayer miércoles abandonara el penal de máxima seguridad El Altiplano, Estado de México, donde ingresó en 2016 tras ser deportado por el gobierno de Estados Unidos, luego de que un Tribunal de Apelación ordenó su inmediata liberación.
José Gabriel Hernández Rodríguez, abogado del sinaloense, acudió al penal a recibirlo, pero ahí mismo se enteró de que durante la madrugada del miércoles un agente ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) le dio cumplimiento a su cliente de una nueva orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas en hechos ocurridos en 1992, en Guerrero.
Por varias horas, bajo un árbol, Hernández Rodríguez y su equipo de abogados permanecieron sin poder ingresar al penal de El Altiplano, en medio de un operativo de seguridad implementado en la zona por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional.
Cerca del mediodía, entre llamadas telefónicas y revisión de documentos, los abogados se trasladaron al Centro de Justicia Penal Federal de El Altiplano para participar en una audiencia programada de Palma Salazar contra actos de autoridades del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1, El Altiplano.
En la diligencia, Palma Salazar, compadre de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, denunció ante el juez de Control Rogelio León Díaz Villareal que en 2020 intentaron extorsionarlo a cambio de no extender más su proceso penal para obtener su libertad.
“Manifestarle en cuanto a la situación que se está presentando, el motivo de la audiencia es que el 14 de abril de 2020 entró un fiscal…”, exponía el capo cuando fue interrumpido por el auxiliar de sala, porque no había sistema de videograbación de la diligencia, lo que notificó al juez.
Vestido con el uniforme de preso y con cubrebocas, Palma Salazar observó cómo el juez determinó un receso para solucionar los problemas técnicos, por lo que ya no pudo seguir su relato.
Durante la audiencia Hernández Rodríguez reveló que el entonces director de la prisión de El Altiplano, Marte Camarena Baena, permitió la entrada a la cárcel, en abril de 2020, en plena pandemia por Covid, a un supuesto agente de la Policía Federal Ministerial (PFM) identificado con el nombre de “Gabriel”, quien habría pedido al Güero Palma 6 millones de dólares para obtener su libertad.
Al reanudarse la audiencia, Hernández Rodríguez solicitó al juzgador diferir la diligencia de impugnación contra actos de las autoridades penitenciarias, pues argumentó que le notificaron de una nueva orden de aprehensión contra su cliente por el delito de homicidio calificado en agravio de nueve personas en Guerrero, en 1992, y tendría que preparar su estrategia jurídica para combatirla, lo que fue aceptado por el juez.
En entrevista posterior, el abogado confirmó que se trató de una audiencia para denunciar un acto de extorsión contra Palma Salazar, a quien le solicitaron una cantidad “estratosférica” de dinero en tiempos de la pandemia de Covid-19 a cambio de su libertad, y que si se negaba le iban a estar inventando delitos.
“Mi representado está denunciando hechos del propio director, donde entraron temas muy complejos como una extorsión que el señor Palma denunció en marzo de este año. En tiempos de pandemia, cuando nadie podía entrar al reclusorio, entraron a solicitarle una cantidad estratosférica de dinero a cambio de su libertad. Si no daba ese dinero le iban a armar, como lo dijo en la audiencia pública, tenemos el audio y video, que si no entregaba esa cantidad de dinero le iban a estar inventando delitos”.
Hernández Rodríguez afirmó que prueba de ello es la nueva orden de captura que se le cumplió, la cual fue girada por un juez de Guerrero y una jueza de Hidalgo la firmó, y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, la cumplimentó, pese a que el delito del que se le acusa es del fuero común.
“Son tres hojas la orden de aprehensión, donde toda orden de autoridad tiene que estar debidamente fundada y motivada, y no está completa. Nos marca una certificación donde de las propias hojas se desprende que por lo menos son 95 hojas la orden de aprehensión; sólo tenemos tres. Es una certificación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, que no tiene nada que ver porque es un delito del fuero común. Algo más grave nos habla de Iguala, Guerrero, que lo expide, y firma una juez de Hidalgo”.
El abogado defensor admitió que el por el momento Héctor Palma Salazar seguirá preso El Altiplano, en donde se le tomará la declaración preparatoria.
“Se queda. Él está fuerte, está con ánimo porque sabe que esto ya fue juzgado. No hay algo nuevo que pudieran inventar o decir”, indicó. Añadió: “Haremos valer todas las anomalías, aportaremos, dentro del término constitucional, las pruebas documentales que respaldan que ya fue exonerado”.
La nueva orden de aprehensión contra El Güero Palma es por homicidio calificado en agravio de nueve personas, entre ellas el abogado Federico Alejando Livas Veras y familiares de Miguel Ángel Félix Gallardo, El Jefe de Jefes, hechos registrados hace 31 años.
Elementos de la Policía Federal Ministerial ejecutaron el mandamiento judicial, en apoyo a la Fiscalía General de Justicia de Guerrero, en el interior del penal de máxima seguridad.
La orden de aprehensión fue librada por Cecilia Crockman Flores, encargada de despacho del juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Guerrero, dentro de la causa penal 301/2023.
De acuerdo con fuentes federales, los hechos de los que se acusa al capo sinaloense están relacionados con la disputa que él y su compadre Joaquín El Chapo Guzmán Loera tuvieron con su exjefe Félix Gallardo.
Según las fuentes, en la orden de captura se señala a Palma Salazar como probable responsable de la muerte del abogado Federico Alejando Livas Vera, así como de amigos y familiares del Capo de Capos.
