La señala en su jurisprudencia que el juicio político no es procedente cuando se trata de resoluciones judiciales, expuso el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro con relación a la solicitud que hizo la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en contra de dos jueces que otorgaron suspensiones a la discusión de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF).

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que los juicios políticos derivan de un conflicto político y no jurídico, y que es mejor detener el proceso de aprobación de la reforma constitucional, que inicia hoy en San Lázaro, y dejar como última instancia la presentación de quejas ante organismos internacionales.

Refirió que si la presidenta electa Claudia Sheinbaum abre el diálogo sobre la reforma judicial, y escucha a los trabajadores, podría beneficiar a su administración, que iniciará el próximo 1 de octubre.

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¿Los jueces que ordenan suspender la discusión de la reforma judicial merecen juicio político y denuncia penal como propone Morena?

—Yo lo veo como un conflicto político. No creo que se trate de un conflicto jurídico. De acuerdo con lo que ha establecido la Suprema Corte en su jurisprudencia, el juicio político no es procedente tratándose de resoluciones judiciales, desde luego podría ser cuestionable, pero la jurisprudencia que existe hoy en día va en ese sentido. En la vía penal me parece que habría que revisar los supuestos de una eventual hipótesis delictiva, pero yo también lo veo cuesta arriba.

¿Se puede frenar la reforma por la vía del amparo?

—Lo que la Corte había establecido, hasta este momento, era que las normas constitucionales no se pueden revisar a través de juicios de amparo, pero este caso tiene un tema particular, porque no se está revisando aún el producto final de la voluntad legislativa, sino un acto intermedio que es el dictamen, es como un caso novedoso.

¿Cuál es la finalidad del paro de labores del Poder Judicial?

—Queremos alertar a la sociedad de las implicaciones que esto tiene para cada uno, porque parecería que los que estamos afectados somos nosotros y que salimos a defender nuestros derechos, esto no es así, en realidad es alertar que esta reforma nos puede impactar negativamente a todos. En el Poder Judicial no hemos sabido comunicar ni transmitir este mensaje. Creo, verdaderamente, que darnos mucha prisa en sacar la reforma constitucional sin haber escuchado todas las voces, que sea una nueva Legislatura, que es la que va a aprobar, podría tener un impacto negativo.

Ante la negativa de Morena y del Presidente de frenar la reforma judicial, ¿sería viable pedir que intercedan organismos internacionales?

—Yo no me quiero adelantar, creo que estamos en un momento histórico sobre el futuro de la justicia, creo que debemos de resolverlo con el diálogo entre los poderes; ya una vez publicada la reforma, tendríamos que ver qué sucedería, pero a mí me parece que lo que mejor podemos hacer es detener lo que se ha hecho ahorita, hacer un llamado a los principales actores en el sistema de justicia, analizar a profundidad todas las etapas, cada una de las deficiencias que encontramos, desde la seguridad pública hasta la justicia federal y buscar soluciones que resuelvan de manera integral el problema que se tiene.

¿Qué opina de la figura de jueces sin rostro que se incluyó?

—La finalidad me parece que es buena, el tema es que existen, de alguna manera, posibles afectaciones a un debido proceso. Hoy, la Constitución establece un principio de inmediación. Si adoptamos una medida de esta naturaleza, este principio se puede romper. También hay precedentes en el sistema interamericano donde se ha establecido que esta medida afecta los derechos de los procesados. Si bien persigue un fin que es legítimo y constitucionalmente válido, como la protección de los jueces, podría poner en riesgo otro tipo de medidas, como sería el debido proceso. Una medida de esta naturaleza podría vulnerar derechos humanos, sobre todo que existe precedente en la Corte Interamericana.

¿Haría un llamado al diálogo a la presidenta electa?

—Creo que estamos perdiendo una oportunidad histórica de generar un diálogo entre los poderes, sobre todo que beneficia a la sociedad, porque esta falta de diálogo lejos de perjudicarnos como jueces, a quien perjudica es a la sociedad, porque estaríamos adoptando medidas que no serían las más convenientes para nuestro sistema de justicia. Creo que si abrimos el diálogo y si la presidenta logra escucharnos, va a ser muy benéfico, porque va a tener mayores elementos para el futuro de su gobierno y de la justicia en México.

¿Ve algunas fisuras en el proceso legislativo de la reforma?

—Hay una cosa que me preocupa, que fue una Legislatura la que hizo el dictamen… y ahorita quien está dispuesta a votar el dictamen es una nueva Legislatura que no conoció de primera mano todas las implicaciones que fuimos a manifestar. Llegar a votar algo que no estudiaste, va a tener una afectación sin precedentes para las siguientes décadas en el sistema de justicia.

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