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Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, yerno del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, fue capturado en California el 19 de noviembre acusado de narcotráfico, tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
Gutiérrez Ochoa conocido como “El Guacho” comenzó a trabajar para el CJNG desde 2014 como encargado de coordinar personalmente el transporte y la distribución de metanfetamina y cocaína con destino a los Estados Unidos.
Según documentos judiciales, Gutiérrez Ochoa, de 37 años, también estuvo al tanto de las actividades de lavado de dinero y narcotráfico del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más violentos de México.
Se le atribuye el secuestro de dos elementos de la Marina, en noviembre de 2021, como una forma de presionar a las autoridades federales para liberar a Rosalinda González Valencia, esposa de “El Mencho”, detenida en Jalisco por lavado de dinero.
Fingió su muerte y vivió una vida de lujo
Tras ser buscado por las autoridades mexicanas, Gutiérrez Ochoa huyó a los Estados Unidos, donde asumió una identidad falsa y residió en una casa de lujo en Riverside, California, comprada con ganancias del narcotráfico por los operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con investigaciones de la justicia estadounidense, “El Mencho” ayudó a Gutiérrez Ochoa en su plan para fingir su muerte, diciendo a sus socios que asesinó a “El Guacho” por mentir.
Lo anterior ayudó a Gutiérrez Ochoa para entrar a los Estados Unidos y estar con la hija de “El Mencho”, Laisha Michell Oseguera González.
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Tras simular su muerte asumió una identidad falsa para evadir la justicia y vivir una vida de lujo en California.
Dirigió la importación de toneladas de metanfetaminas y cocaína a los Estados Unidos y participó en actos de violencia para apoyar las actividades criminales del cártel.
Si es declarado culpable de los cargos que se le imputan, el yerno de “El Mencho” podría enfrentar una pena mínima de diez años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua por conspiración para distribuir drogas, y una pena máxima de 20 años por conspiración para lavar dinero.
kicp/apr