Más Información
Hoy, la jueza Angélica Sánchez Hernández, que hasta hace unos días se desempeñaba como jueza de control en Veracruz, se encuentra detenida y privada de su libertad por el simple hecho de cumplir con su labor. En un lapso de no más de diez días, la jueza fue detenida en dos ocasiones distintas mediante actos plagados de irregularidades, que incluso podríamos calificar de detenciones ilegales. En esta última, tras ser puesta a disposición del Poder Judicial de Veracruz, se le determinó la imposición de prisión preventiva por un lapso de un año, aún antes de vincularla a proceso. Finalmente, tras una audiencia excepcionalmente privada y a la que se le negó la entrada al Alto Comisionado de las Naciones Unidas México, la jueza fue vinculada a proceso por los delitos contra la fe pública y de tráfico de influencias.
Las irregularidades procesales, faltas al debido proceso y violaciones de derechos humanos en torno a la detención de la jueza Angélica Sánchez no son de extrañarse, pues su procesamiento penal no ha sido más que una consecuencia – sino es que directa instrucción – de la persecución política por parte del gobernador del estado de Veracruz.
La persecución y oposición política contra el poder judicial es un discurso que se ha ido construyendo desde el más alto y principal titular del poder ejecutivo de nuestro país: el señor Presidente. Los ataques constantes a los ministros de la Suprema Corte, la descalificación de las funciones del poder judicial y el proselitismo de los jueces como protectores de delincuentes que escuchamos mañana con mañana pronunciar al Presiente, se replican por el resto de los gobernadores y titulares del poder ejecutivo en la totalidad de nuestro país, instaurando una guerra entre poderes que ahora, ha transitado su campo de batalla hacia los procesos judiciales.
Esta forma de persecución política no es nueva en México ni en Latinoamérica. La judicialización de la política, en que se instrumentaliza el derecho y el aparato judicial con fines políticos se ha denominado como lawfare. En estas prácticas, la vía judicial sustituye los medios comunes de hacer política, y como en el caso de la jueza Angélica Sánchez, se utiliza la ley y en particular al derecho penal para lograr ciertos fines de persecución política, criminalizando a un sector específico de la población y buscando la destrucción de su imagen pública para inhabilitarles como adversarios políticos.
Con las elecciones federales cada vez más próximas, es natural que las contiendas políticas se presenten y propaguen cada vez con mayor intensidad, sin embargo hay que mantenernos en constante crítica y reflexión. El poder judicial no es un enemigo político ni un partido de oposición, aunque el ejecutivo los quiera disfrazar como tal, politizando su labor y curiosamente hasta presentando la iniciativa de elegir a los ministros mediante voto popular. El derecho se construye desde y para la sociedad y, dejando detrás la falaz discusión de separar el derecho de la política, no podemos permitir que el derecho penal sea desnaturalizado, rebajado y mancillado al ser usado como un arma política
