El pasado 25 de octubre, el Senado aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos destinados al desarrollo de infraestructura para la implementación de reformas constitucionales de justicia federal, a las pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, mandos medios y personal operativo, entre otros conceptos. Lo anterior ha generado diversas reacciones que incluyen manifestaciones de los propios trabajadores del Poder Judicial, así como críticas de la oposición, expertos y sociedad civil en general. Sin embargo, el rumbo final de dicha decisión aún no se encuentra del todo claro.
Por un lado, el 31 de octubre un juez federal prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta suspensión está vigente hasta el 9 de noviembre en que se resolverá si se concede o no la suspensión definitiva.
Por otra parte, el mismo día, el presidente López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial de la Federación para que los 15,000 millones eliminados de sus 13 fideicomisos se destinen a los damnificados de Guerrero tras las afectaciones causadas por el huracán Otis. Si bien el pasado 1 de noviembre la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que se ha implementado un canal de comunicación con la presidenta de la Suprema Corte para dar seguimiento a la propuesta del presidente, aún se desconocen los detalles o la manera en que se pretendería operar dicho mecanismo, e incluso las posibilidades de que esto transite.
Independientemente de cuál sea el resultado final, es importante tener presentes las diferentes consideraciones que dicha discusión y eventual resolución implican para el quehacer público.
Como reflexión final, aprovecho para recuperar un par de los puntos anteriormente mencionados. Más allá de la resolución, es importante observar de cerca y manifestarnos en contra de la intervención de poderes y a favor de contrapesos reales y sólidos. Independientemente de los colores o afinidades partidistas, se debe de trabajar a favor de la creación de un sistema democrático, de división real de poderes y respeto al marco legal y a los procedimientos que correspondan. Asimismo, se deberá de observar con atención que las dinámicas políticas no se desarrollen en detrimento de los trabajadores, de los damnificados o de la sociedad civil en general, lo anterior en el ánimo de que los cambios y propuestas que se realicen mantengan como prioridad el bienestar general de la población.
Presidente Ejecutivo de Grupo Estrategia Política