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El pasado 25 de octubre, el Senado aprobó la extinción de 13 de los 14 fideicomisos destinados al desarrollo de infraestructura para la implementación de reformas constitucionales de justicia federal, a las pensiones complementarias para magistrados y jueces jubilados, mandos medios y personal operativo, entre otros conceptos. Lo anterior ha generado diversas reacciones que incluyen manifestaciones de los propios trabajadores del Poder Judicial, así como críticas de la oposición, expertos y sociedad civil en general. Sin embargo, el rumbo final de dicha decisión aún no se encuentra del todo claro.
Por un lado, el 31 de octubre un juez federal prohibió temporalmente al Consejo de la Judicatura Federal transferir los recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esta suspensión está vigente hasta el 9 de noviembre en que se resolverá si se concede o no la suspensión definitiva.
Por otra parte, el mismo día, el presidente López Obrador propuso un acuerdo al Poder Judicial de la Federación para que los 15,000 millones eliminados de sus 13 fideicomisos se destinen a los damnificados de Guerrero tras las afectaciones causadas por el huracán Otis. Si bien el pasado 1 de noviembre la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, informó que se ha implementado un canal de comunicación con la presidenta de la Suprema Corte para dar seguimiento a la propuesta del presidente, aún se desconocen los detalles o la manera en que se pretendería operar dicho mecanismo, e incluso las posibilidades de que esto transite.
Independientemente de cuál sea el resultado final, es importante tener presentes las diferentes consideraciones que dicha discusión y eventual resolución implican para el quehacer público.
- En primer lugar, resulta relevante resaltar que la determinación del próximo 9 de noviembre es indispensable para saber cuál será el destino de los recursos. Lo anterior, ya que mientras exista una suspensión temporal o se resuelva a favor de una suspensión definitiva, dichos recursos no podrán ser transferidos como lo plantea la propuesta del presidente.
- La discusión sobre los fideicomisos se da en el marco no solo de una creciente confrontación entre poderes, sino también en presencia de dinámicas que no se habían observado con anterioridad. Por un lado, han sido una constante la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Judicial, así como los cuestionamientos sobre el actuar del Poder Legislativo, el cual ha actuado con sumisión ante los deseos y prioridades del Ejecutivo. Por otro lado, es la primera vez que se observa al Poder Judicial inmiscuirse en la política y volverse parte de la dinámica marcada por el Ejecutivo Federal.
- Lo anterior genera la necesidad de revisar las consecuencias de dicha dinámica. Si bien las “diferencias” podrían representar un contrapeso entre poderes saludable, la realidad es que la intromisión entre poderes genera un potencial debilitamiento de nuestra democracia.
- Sobre el punto anterior, precisamente es importante entender que modificar el destino de los fideicomisos no puede ser simplemente una instrucción que se dé desde la conferencia matutina o como consecuencia de una virtual aceptación de la Ministra Presidenta de la Suprema Corte, Norma Lucía Piña Hernández. Dicha modificación requiere acatar tiempos, así como transitar los procedimientos y las modificaciones legales correspondientes.
- No se puede dejar de lado el tema de fondo que preocupó sobre la intención inicial de la eliminación de los fideicomisos, es decir, los derechos de los trabajadores. En caso de que la propuesta de destinar los recursos a los damnificados en Guerrero transite, permanecería la duda de la forma en la que se van a solventar las afectaciones hacia los trabajadores del Poder Judicial.
Como reflexión final, aprovecho para recuperar un par de los puntos anteriormente mencionados. Más allá de la resolución, es importante observar de cerca y manifestarnos en contra de la intervención de poderes y a favor de contrapesos reales y sólidos. Independientemente de los colores o afinidades partidistas, se debe de trabajar a favor de la creación de un sistema democrático, de división real de poderes y respeto al marco legal y a los procedimientos que correspondan. Asimismo, se deberá de observar con atención que las dinámicas políticas no se desarrollen en detrimento de los trabajadores, de los damnificados o de la sociedad civil en general, lo anterior en el ánimo de que los cambios y propuestas que se realicen mantengan como prioridad el bienestar general de la población.
Presidente Ejecutivo de Grupo Estrategia Política
