Pobladores del Ejido El Bajío, en Caborca, Sonora, solicitaron a la Embajada de Reino Unido en México, al Senado de la República y al presidente Andrés Manuel López Obrador, intervenir ante el despojo que han sufrido de sus tierras donde la minera Penmont se apropió ilegalmente y ha explotado grandes cantidades de oro y plata, a pesar de más de 70 sentencias de tribunales agrarios a favor de los ejidatarios.
En entrevista en el Senado luego de una reunión con legisladores, Abel y Erasmo Cruz López; José Concepción y Carmen Cruz Pérez; y Luis Enrique Cruz Figueroa, informaron que desde hace más de 20 años fueron despojados de más 2,400 hectáreas, por parte de la citada minera que subsidiaria de “Fresnillo PLC”, es una empresa que realiza sus reuniones de accionistas en Reino Unido, y la misma se dedica a la exploración y explotación y beneficio de oro.
Rubén Olivares, abogado de los ejidatarios, que buscan el apoyo del embajador británico, Jon Benjamín, toda vez que la compañía Minera Penmont, “ya que la compañía matriz es Fresnillo PLC, es una empresa que realiza sus reuniones de accionistas en Reino Unido donde cotiza en la Bolsa, y la misma se dedica a la exploración y explotación y beneficio de oro. Esperamos su apoyo ante este añejo despojo e impunidad en México”.
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Explicó que la citada minera se niega a cumplir los fallos agrarios y las sentencias de amparo en donde fueron condenados a entregar inmediatamente las tierras de uso común y a pagar las indemnizaciones correspondientes por los cerca de 21 años de ocupación ilegal y explotación de los minerales, tras los fallos anunciados a su favor por el Tribunal Superior Agrario dentro de la excitativa de justicia 165/2023-28, del ejido “Bajío”.
Asimismo, exhortaron al Senado, a la Secretaría de Gobernación y al presidente López Obrador a pedir un informe sobre la actuación de Alejandrina Gámez Rey, titular del Tribunal Unitario Distrito 28 con sede en Hermosillo, Sonora, quien se niega hacer efectiva la sentencia para la restitución de tierras y el pago de la indemnización en favor de la familia Cruz.
Recordaron que ya se han manifestado en Palacio Nacional y le han hecho llegar documentos al presidente Andrés Manuel López Obrador para actué ante la evidente corrupción en este caso por parte de la magistrada Alejandrina Gámez Rey y ahora recurrirán a la Embajada Británica en México, para que exhorte a los accionistas y empresarios de ese país que tienen inversiones en la Minera Penmont a respetar los laudos y las leyes mexicanas.
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Rubén Olivares, recordó que han realizado reuniones con la Secretaría de Gobernación, buscando se solucione en este sexenio este conflicto y se obligue a la ejecución de las sentencias para que la minera desocupe las tierras ricas en minerales como el oro y plata entre otros, pague las indemnizaciones correspondientes y haga la remediación ambiental por los daños ecológicos causados al medio ambiente del entorno de las tierras del ejido “El Bajío”.
Todo ello dentro de las áreas de exploración y explotación del oro, plata y otros minerales sustraídos ilegalmente en los últimos años. “Confiamos en que se establezca un precedente y que realmente el presidente López Obrador se ponga del lado de los ejidatarios del país que en muchas regiones han sido expulsados de sus tierras por las mineras y por el crimen organizado”, concluyó.
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