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La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) blindará al país con equipo antidrones para nulificar, controlar y restringir el acceso de dispositivos controlados en forma remota por el crimen organizado, ya que representan un riesgo no sólo para el personal o sus instalaciones vitales sino para población civil, autoridades militares y civiles, personal diplomático de otras naciones, así como inmuebles y bienes estratégicos del país, como plantas petroleras y eléctricas.
La dependencia planea adquirir un Sistema de Supervisión y Control de Dispositivos Electrónicos Controlados a Distancia (sistema antidron), con un costo aproximado de 215.7 millones de pesos, para nulificar o controlar dispositivos electrónicos que busquen tener acceso a espacios abiertos, plazas públicas, estadios, campos e instalaciones militares o estratégicas.
Las características de los equipos están reservadas por un periodo de cinco años, que expira el 25 de noviembre de 2024, de acuerdo con información a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso.
Se trata de un documento de 28 páginas “que contienen partes que actualizan supuestos de reserva de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Seguridad Nacional, con motivo de que es información con especificaciones, tecnología o equipo útil a la generación de inteligencia para la seguridad nacional”, señala.
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La adquisición de tecnología para supervisar y controlar dispositivos tecnológicos controlados en forma remota permitirá, de acuerdo con el proyecto, restringir el acceso de estos dispositivos a áreas de interés y disminuir el impacto de la delincuencia organizada en la sociedad.
Es decir, agrega, coadyuvará a dar estabilidad y gobernabilidad en el país, lo que redunda en la seguridad económica.
La dependencia tiene reservado el diagnóstico que sustenta la solicitud de recursos, según el registro con clave de cartera 20071200003 en la Secretaría de Hacienda, aunque empresas argumentan en sus páginas web que “a medida que los drones se vuelven más rápidos, más pequeños y letales con la capacidad de una carga útil, la necesidad de contramedidas para garantizar la seguridad, es imperativa.
“Los drones operados por terroristas u otros grupos maliciosos representan una amplia gama de amenazas para la seguridad, sobre todo en instalaciones como aeropuertos, infraestructuras críticas, instalaciones correccionales, estadios y bases militares y estratégicas, entre otras”.
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En 2018 por ejemplo, el aeropuerto de Gatwick, Londres tuvo que cancelar mil vuelos, lo que afectó a 140 mil pasajeros, cuando las autoridades aeronáuticas avistaron un dron junto al campo de aviación, según cita la empresa Bosh Security.
Otras compañías como NQ Defense, Skylock, Cerbain, Tactical Security e Indra Company coinciden en que “el peligro que representan los drones es real”.
Tan sólo en aeropuertos, los daños catastróficos que causa un dron al colisionar con un aeroplano o que una organización terrorista utilice drones armados suponen amenazas evidentes para esas terminales.
El pasado 25 de julio de 2017, la Dirección General de Aeronáutica Civil publicó una Circular Obligatoria que establece los requerimientos para operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el espacio aéreo mexicano, en cuya definición se encuentran los drones.
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El uso de estos aparatos está restringido en: el transporte de mercancías peligrosas o sustancias prohibidas por la ley, ni para emplear o transportar armas o explosivos; no se pueden operar en lugares abiertos o cerrados donde se reúnan más de 12 personas; deben ser manipulados dentro de las horas oficiales entre la salida y puesta del sol.
De acuerdo con la empresa Tactical, México representa 5% del mercado mundial de drones, calculado en 127 mil millones de dólares, de acuerdo con la firma PwC.
