En medio del debate por la reforma judicial y de acusaciones por el retraso de jueces y magistrados en sus resoluciones, los poderes Ejecutivo y Legislativo tampoco han acatado las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Se trata de siete resoluciones judiciales —algunas vienen desde 2019 a la fecha— que atañen a temas como la regularización de la cannabis; la declaratoria que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador para catalogar proyectos y obras federales como de seguridad nacional, y el traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional (Sedena).
La obligación de legislar a nivel federal sobre la Ley General de la Consulta, Previa, Libre, Informada, Adecuada Culturalmente y de Buena Fe; una sentencia que obliga al Estado a fortalecer la información pública en materia de vivienda; la obligación de Senado para designar los cargos vacantes en el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y la aprobación de una Ley General de Aguas.
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Legisladores morenistas, e incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, han denunciado públicamente que en el Poder Judicial “se dejó de combatir la corrupción y se regresó al nepotismo”. Esta semana, el Mandatario hasta aprovechó para afirmar que los jueces y magistrados “están doblemente obligados a respetar la Constitución” por ser autoridades.
Para el abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM Francisco Burgoa, “sale de toda lógica” que los poderes Ejecutivo y Legislativo quieran aprobar una reforma al Poder Judicial cuando, desde ambos poderes, se niegan a cumplir con las sentencias de la Suprema Corte: “Se sale de toda lógica que el Primer Mandatario mexicano proponga una reforma al Poder Judicial cuando, desde el Poder Ejecutivo, se niega a cumplir con las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo mismo para el Poder Legislativo. Esa actitud es de una arrogancia de quien sabe que goza de una inmunidad procesal [“fuero”] casi absoluta, y que no se le puede hacer prácticamente nada y menos si cuenta con la mayoría de los legisladores de su proyecto político que lo respaldan”.
En el año 2019, la Suprema Corte recibió un amparo denunciando la omisión absoluta del Congreso de la Unión de legislar a nivel federal sobre la Ley General de la Consulta, Previa, Libre, Informada, Adecuada Culturalmente y de Buena Fe. Desde julio de 2016, se había publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una recomendación general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) evidenciando la omisión legislativa en la materia, por lo que en 2020 la Corte ordenó al Congreso avalar una reforma para garantizar consultas a los pueblos indígenas.
También en 2019, el máximo tribunal recibió otro amparo demandando el incumplimiento de la obligación del Estado a generar información para que las autoridades implementen políticas públicas de sectores desprotegidos en materia de vivienda.
Para el año 2020, la Corte ordenó que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía realice los censos y acciones necesarias a fin de recabar información desagregada sobre dichos asentamientos informales o irregulares en situación de pobreza. Hasta ahora, no se tiene registro de un dictamen para modificar la Ley del Sistema Nacional del Inegi.
El 19 de noviembre de 2020, el Senado aprobó un dictamen por el que se expedía la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Tras varias impugnaciones, el Máximo Tribunal del país (en junio de 2021) declaró inconstitucionales diversas disposiciones que prohibían a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para el autoconsumo de marihuana con fines lúdicos. La sentencia obliga a ambas cámaras a legislar sobre la siembra, cosecha y comercialización de cannabis.
En 2020, la Corte aceptó a trámite una controversia por la omisión de expedir la Ley General de Aguas y la disposición de aguas de una presa para cumplir una obligación internacional. A la fecha, el Congreso de la Unión no ha expedido la legislación en la materia.
En el año 2021 se interpuso una controversia constitucional contra el decreto presidencial por el que se declaró que todas las obras y proyectos serían declarados de seguridad nacional. El 22 de mayo de 2023, la Corte invalidó el acuerdo y, pese a ello, la Presidencia emitió un nuevo decretó en los mismos términos.
En 2022, el Máximo Tribunal recibió una acción de inconstitucionalidad por el traslado operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
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Fue hasta el 20 de abril de 2023 cuando el pleno de la Corte emitió una sentencia por la que determinó permitir esa forma de operar durante varios meses para los ajustes correspondientes, y ordenó que dicha invalidez se efectuaría a partir del 1 de enero de 2024.
Un día después de que la Corte declarara inconstitucional el traslado de la Guardia a la Sedena, el Presidente reprochó que ocho ministros actuaron de manera “facciosa”, y el pasado 5 de febrero envió al Congreso una nueva iniciativa para de devolver el control de la corporación a la Defensa Nacional.
Finalmente, en 2023 el Inai interpuso una controversia constitucional por la que solicitó que su pleno pudiera sesionar provisionalmente con menos de cinco comisionados. En la resolución se admitió la petición y se mandató al Senado para que designara las vacantes. El periodo concluyó en diciembre de 2023, y hasta el momento el Senado no ha hecho la designación.