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En calidad de testigo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá hoy a la reunión entre los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la Fiscalía General de la República (FGR) para revisar la liberación de al menos 24 personas inculpadas en el caso de la desaparición de los estudiantes en 2014.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo federal señaló que “cuando me reuní con los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, ellos me solicitaron que interviniera para conseguir una entrevista, tener un encuentro, pidiéndome que yo participara como testigo, y se va a llevar a cabo esa reunión el día de mañana [miércoles], vamos a tener esa reunión y se va a tratar este asunto”.
El domingo, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que la resolución del juez que permitió la liberación de 24 inculpados en el caso Ayotzinapa demuestra que el sistema de impartición de justicia del país está podrido.
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, aseguró que él y excolaboradores suyos ampliarán declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR) por este caso.
Aguirre Rivero estuvo ayer en la Secretaría de Gobernación, en reunión con integrantes de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, en donde se puso sobre la mesa la reciente liberación de 24 personas que fueron encarceladas por la desaparición de los normalistas.
Subrayó que su interés es seguir contribuyendo con todo aquello que se pueda aportar para el esclarecimiento de los hechos.
El exprocurador de Guerrero Iñaqui Blanco destacó que durante la administración de Aguirre Rivero fueron detenidos 33 policías municipales, de los cuales ninguno ha sido liberado.
En la reunión participó también Ángela Buitrón, del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). En entrevista, señaló que llegar a cinco años de los hechos de Ayotzinapa y sin conclusiones genera desconfianza y desconsuelo.
Lamentan liberaciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó la reciente liberación de 24 presuntos implicados en el caso Iguala.
El organismo expresó que desde hace cuatro años se había alertado sobre la posibilidad de que todas estas personas salieran de prisión, pues la antigua Procuraduría General de la República (PGR) cometió muchas irregularidades durante su investigación.
Después de lo sucedido, el organismo autónomo insistió en la necesidad de que “todos los procesos penales iniciados se fortalezcan probatoriamente y las nuevas consignaciones que se presenten se hagan de manera más sólida y mejor estructurada, aprovechando la integralidad de los elementos probatorios e información con la que se cuenta”.