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La Cámara de Diputados recibió el 14 de abril e inscribió ayer en la Gaceta Parlamentaria una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea eliminar la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y fusionar 17 unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados, organismos públicos descentralizados y fideicomisos, hacia dependencias o entidades de la administración pública federal, porque “sus funciones se encuentran duplicadas o segmentadas de manera innecesaria en varias instancias”.
Reformas que la oposición rechazó, al lamentar que el Presidente de la República busque minar las facultades de organismos encargados de combatir la corrupción en el país, para manejar los recursos con opacidad y “financiar campañas políticas”.
El presidente de la Mesa Directiva, Santiago Creel Miranda (PAN), refirió que la opacidad ha sido una constante en la trayectoria del presidente López Obrador, y recordó que los recursos utilizados para la construcción del segundo piso del Anillo Periférico, cuando fue jefe de Gobierno de la Ciudad de México, siguen sin ser transparentados.
“El SNA es fundamental para combatir la corrupción. Lo que está haciendo es destruir las instituciones democráticas. Si quiere acabar con el Sistema Nacional Anticorrupción, ya sabemos por dónde va todo. Gobierna destruyendo instituciones, yo no creo que vaya a parar”, comentó el panista.
El coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Maynez, refirió que la propuesta del Presidente para desaparecer instituciones tiene la finalidad de financiar campañas políticas de candidatos del partido en el poder (Morena).
“Hemos recibido comunicaciones de varios servidores públicos que trabajan para estas paraestatales; vimos que pasó con la Financiera Rural, estamos viendo que este golpe de austeridad sigue, cada vez, con una combinación malísima, porque es supuesta austeridad, pero mucha discrecionalidad. Un despilfarro enorme en absurdos”, subrayó el legislador.
El Titular del Ejecutivo federal propone eliminar la Secretaría Ejecutiva del SNA porque, asegura, sus funciones son las mismas que tiene la Secretaría de la Función Pública (SFP), por lo que plantea trasladarlas a la dependencia federal para proporcionar apoyo técnico al comité coordinador, promover políticas públicas en la materia, diseñar metodologías de evaluación y administrar la plataforma digital nacional.
También detalla que con su extinción, el presupuesto original y modificado, de 123 millones 197 mil 179 pesos, y el personal de base (no tiene ninguno) y de confianza (75 personas) se transfiere como una unidad administrativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
La iniciativa del presidente López Obrador también elimina la participación del Fideicomiso de Fomento Minero en el Servicio Geológico Mexicano. Éste promueve el desarrollo de la minería nacional mediante el otorgamiento de servicios de financiamiento, capacitación y asistencia técnica para crear y consolidar proyectos y operaciones mineras en el país.
En el caso del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), creado en 1999 y con un presupuesto para 2023 de 115 millones 317 mil 239 pesos, la iniciativa plantea trasladarlo a la Secretaría de Bienestar (Sebien), como unidad administrativa, o a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).
En caso de aprobarse el proyecto del Titular del Ejecutivo, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) se convertiría en una unidad administrativa de la Secretaría de Bienestar y su personal de base (634 personas) y de confianza (156 personas), junto con su presupuesto, de 344 millones 508 mil 400 pesos, pasarían a la dependencia federal.
El proyecto de reforma también contempla la fusión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes; del Servicio de Inspección y Certificación de Semillas; del Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura, y del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera.
También de la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe; del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas; del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, y de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.
Así como el Instituto Nacional de la Economía Social; el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad; la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; la Dirección General de Publicaciones, y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia.
