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A través de un decreto presidencial, el gobierno federal creó formalmente el organismo que regulará y ordenará las universidades para el Bienestar Benito Juárez García, y que también tendrá la tarea de determinar sus planes de estudio.
En este sentido, Raquel Sosa Elízaga fue nombrada titular del Organismo Coordinador de las universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el cual se encargará de operar las 100 escuelas universitarias que comprometió el gobierno federal para reducir el rezago en educación superior.
Al participar en la instalación y primera sesión ordinaria del Órgano de Gobierno del Organismo Coordinador, Sosa consideró que estas universidades abrirán los espacios para que los jóvenes tengan un mayor acceso a la educación universitaria, sobre todo para aquellos provenientes de los sectores más desfavorecidos.
Estas universidades impartirán educación superior en las regiones más pobres y con mayor rezago social del país, señala el documento para la conformación del organismo.
Dicha instancia será un ente descentralizado, coordinado por la Secretaría de Educación Pública; tendrá personalidad jurídica y su propio patrimonio, así como autonomía técnica y de gestión.
La Presidencia de la República señaló que la creación de estas universidades responde a las necesidades planteadas por el crecimiento de la población en el país y de los jóvenes.
Las universidades para el bienestar se proponen como una de las opciones para solucionar el rezago en educación superior y “ampliar significativamente las posibilidades de acceso” a este nivel educativo.
Lo anterior se prevé realizar “a través del establecimiento de sedes educativas donde se imparta educación de tipo superior, en municipios ubicados en zonas del país con mayor pobreza y rezago en desarrollo social”.
Esto forma parte de los esquemas que ha planteado la administración para lograr abatir, hacia el final del actual sexenio, la exclusión de la educación superior de jóvenes en edad de cursar este nivel escolar.
El proyecto del gobierno federal busca ofrecer estudios superiores a jóvenes que, “pese a tener certificado de bachillerato, han sido excluidos de oportunidades de estudio en ese nivel” y se implementará principalmente en municipios en los que no hay oferta, están alejados de los principales centros urbanos y en condiciones de marginación o exclusión.
