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justiciaysociedad@eluniversal.com.mx
El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, se declaró culpable de haber cometido asociación delictuosa y lavado de dinero en su carácter de autor material, razón por la que un juez federal lo condenó a pasar nueve años en prisión en el Reclusorio Norte y al pago de 58 mil 890.60 pesos de multa.
Además, el juez lo amonestó para que evite reincidir en la comisión de algún delito y le suspendió sus derechos políticos y civiles por el tiempo que dure en prisión. Ordenó el decomiso de 22 parcelas, seis inmuebles en la Ciudad de México, un terreno en el Estado de México, tres departamentos en Boca del Río, Veracruz, cuatro más en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y seis terrenos en Cancún, Quintana Roo.
Antes de dictar su fallo, el juez preguntó al ex mandatario de Veracruz si aceptaba la tramitación del procedimiento abreviado y admitía su responsabilidad en la comisión de los delitos que la PGR le imputó.
“En base a los principios de lealtad e institucionalidad que rigen mi conducta, si su señoría”, respondió.
El juez Marco Antonio Fuerte Tapia, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, especificó que debido a que Javier Duarte aceptó llevar su procedimiento de manera abreviada, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, la pena de prisión que le impuso no podrá ser sustituida por ningún beneficio.
Entre los inmuebles asegurados se encuentra un predio ubicado en Lomas de Chapultepec, en el que el ex mandatario pretendía construir su casa de retiro y tres departamentos en Santa Fe, que supuestamente fueron adquiridos para sus hijos y cuyo valor es de 45 millones 500 mil pesos cada uno.
Los agentes del Ministerio Público de la PGR no solicitaron una condena de reparación del daño, pues conforme a la ley, los delitos de los que Duarte de Ochoa se declaró culpable no admiten esta pena.
De los nueve años de prisión a los que fue condenado, explicó que se deberá descontar el tiempo que ha permanecido privado de su libertad, es decir, que empezó a contar desde el 15 de abril del 2017, por lo que únicamente restan siete años y medio en prisión.
Por operaciones con recursos de procedencia ilícita, el juez especificó que la multa que le impuso asciende a 300 días de salario mínimo que se pagaba en el año 2011 en el estado de Campeche, que es de 52 mil 317 pesos en total y por asociación delictuosa, los 90 días de multa fueron calculados conforme al salario de 2016 en la Ciudad de México, que en total resultaron 6 mil 573.60 pesos. En ambos casos, el juez consideró los lugares en los que se consumaron los delitos.
La diligencia inició a las 16:00 horas de ayer, en la que la PGR afirmó que Javier Duarte de Ochoa solicitó desde el pasado 17 de septiembre la tramitación del procedimiento de manera abreviada; de inicio el juez señaló que la solicitud había sido presentada de manera oportuna.
Los cuatro fiscales de la PGR que acudieron a la diligencia iniciaron con la exposición de los 47 datos de prueba relacionados con la acusación que formularon contra el ex mandatario, a quien se le atribuyó haber ordenado el desvío de recursos del gobierno de Veracruz para adquirir diversos bienes y realizar transacciones bancarias mediante un esquema de operación de empresas fantasma.
Duarte, quien reapareció ante el juez rapado, con 30 kilos menos, barba abundante y desaliñada, permaneció en silencio mientras anotaba lo que afirmaron los fiscales.
Entre los datos de prueba de la PGR se encuentran las entrevistas realizadas a Xóchilt Tress, ex funcionaria de la Secretaría de Educación de Veracruz, quien también ha sido identificada como pareja sentimental de Duarte de Ochoa; se incluyen la entrevista de José Manuel Ruiz Falcón y de Miguel Rodríguez Gutiérrez, quienes fueron responsables de la remodelación de algunos bienes adquiridos por la red de lavado de dinero.