Expertos en seguridad ven en los drones utilizados por los grupos criminales un nuevo reto para las autoridades, porque se trata de artefactos que cualquiera puede comprar de forma legal, y que después son modificados por personas que trabajan con las células delictivas.
Los especialistas consideran que el fenómeno se está expandiendo. Hasta el momento el proceso de transformación sigue siendo artesanal, porque se modifica el dron con un pequeño gancho que permite, no únicamente usar la cámara, sino también soltar una carga explosiva.
Romain Le Cour, experto senior en la organización Global Initiative (GI-TOC), señala que esta carga explosiva va evolucionando, pues inicialmente eran pequeñas y ligeras, y ahora parecen ser cargas cada vez más significativas, que dejan ver la capacidad que tienen los grupos criminales de mejorar su uso de este tipo de herramientas.
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De los 32 estados de la República Mexicana, en ocho entidades el Ejército ha asegurado drones a probables integrantes del crimen organizado. De 2019 al 12 de junio de 2023 se han incautado 25 dispositivos aéreos.
En una solicitud de información a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la que se le cuestiona el número de drones decomisados a la delincuencia organizada, la dependencia señala que el personal militar únicamente lleva a cabo aseguramientos en casos de flagrancia delictiva, en aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como en actividades para reducir los índices de violencia en el país.
En su respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional resalta que es Michoacán la entidad en la que predomina el uso de estos dispositivos, con 16 artefactos asegurados.
Los municipios en los que se localizaron fueron Tepalcatepec, con 12; Aguililla, con dos; Apatzingán y Cotija, con uno en cada municipio; y en Baja California, con tres drones asegurados; de estos, dos en Tecate y uno en Ensenada. De 2006 a 2018, la dependencia no tiene registros.
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Le Cour subraya que “tenemos un ejemplo en Tierra Caliente de imposición de cobro de piso o de normas que regulan el trabajo de la población en el campo”.
En este caso, agrega el especialista en seguridad, los drones son una herramienta adicional al servicio del control territorial.
Primero, porque un dron puede vigilar tanto a las policías o las Fuerzas Armadas, como a grupos rivales y a la población civil en general.
El experto califica como “preocupante el uso de los drones como herramienta de ataque, que causa terror a los habitantes ocasionando el desplazamiento, además presiona a las autoridades públicas.
“Esto nos remite a la carrera armamentista que se da entre los grupos criminales y las fuerzas públicas en los últimos 15 o 20 años. Aunque las Fuerzas Armadas sigan contando con su ventaja estratégica y avance tecnológico, los grupos criminales son capaces de invertir recursos económicos para aumentar su capacidad táctica, para adquirir armas de más alto calibre, tener acceso a entrenamiento de corte militar o usar drones”, expresa.