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A casi dos años de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, en el país todavía hay más de 9 mil planteles —47% de los 19 mil 194 que tuvieron daños— que no han recibido atención, reconoció el director general del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (Inifed), Jorge Javier Jiménez Alcaraz.
En entrevista con EL UNIVERSAL, el funcionario federal dijo que después de revisar el censo que elaboró la pasada administración, se encontraron casos de planteles que fueron registrados, pero que en realidad no tenían daños por los sismos, sino por falta de mantenimiento o por construcciones atípicas; por el contrario, hubo planteles que tenían daños por los movimientos telúricos y no habían entrado en el censo.
“Hasta 2018, de las más de 19 mil escuelas con daños se atendieron 10 mil, pero la mayor parte de las que se atendieron en años anteriores fueron de daño menor, a través del esquema de apoyos económicos que se entregaban a través de tarjetas”, dijo.
La entidad con más escuelas de educación básica afectadas fue el Estado de México, con 5 mil 653; luego Chiapas, con 3 mil 67; Oaxaca, con 2 mil 952; Puebla, con 2 mil 952; Ciudad de México, con mil 830; Morelos, con mil 341; Tlaxcala, con mil 13; Michoacán, con 570; Hidalgo, con 413; y Veracruz, con 52 planteles.
La contabilización que hizo el actual gobierno y que incluye los daños ocasionados por el sismo del 16 de febrero de 2018 —que afectó principalmente a Oaxaca— señala 19 mil 194 escuelas: 246 planteles con daño grave o que requerían reconstrucción total; 6 mil 950, con daño severo a moderado, y 11 mil 998, con daño menor, donde había que arreglar acabados, pero no hacer reparaciones a nivel estructural.
Jiménez Alcaraz dijo que 80% de los planteles que se atendieron tenían daños menores; la SEP respondió a través de transferencias directas de dinero, entregándoles tarjetas de débito “precargadas” con 50 mil pesos.
En ocho entidades ha habido menos avances en escuelas que tenían daños severos o graves: Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Puebla, Estado de México, Morelos, Oaxaca y Puebla.
“[El apoyo se dio así] quizá en parte a que era lo más ágil, lo más rápido, pero también porque cuando se trata de reparar daños severos o graves, implica una evaluación técnica más detallada, elaborar proyectos, revisar planos y contar con el presupuesto adecuado. Eso seguramente hizo que se retrasaran la mayor parte de los planteles con daño grave o mayor”.
Para este año, la SEP destinó inicialmente 800 millones de pesos para la reconstrucción y reparación de planteles dañados durante los sismos; al final hubo un recorte de 30 millones de pesos. El resto de los recursos que se han aplicado, alrededor de mil 500 millones de pesos, se han obtenido del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de 20 fundaciones y organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de la inversión de empresas y fundaciones, así como del gobierno, hay mil 200 escuelas con daños que requieren reparación, pero no la tendrán, cuando menos este año, porque “no ha habido presupuesto suficiente”.
“Estamos haciendo el planteamiento para el presupuesto de Egresos de 2020, se requieren más o menos mil 300, mil 400 millones de pesos para concluir esos mil 200 planteles y esperamos que puedan programarse en 2020 o 2021, en función del techo presupuestal que Hacienda y la Cámara de Diputados asignen a este programa de reconstrucción. Sólo para la reconstrucción [se solicitarán] mil 300 millones de pesos. Es importante; sin embargo, no hay niños en escuelas que no estén operando”, dijo.
Esperó que partir de 2020 haya “mejores posibilidades” de tener recursos para que “muchos de los trabajos que faltan” se lleven a cabo a través del nuevo programa La escuela es nuestra.
Se pretende arrancar el programa en este ciclo escolar y buscan la transferencia directa de recursos de 100 mil a 500 mil pesos a las escuelas en zonas de alta marginación e indígenas para que, de acuerdo con el diagnóstico que realicen los comités escolares de participación comunitaria, definan las necesidades de los planteles.
La determinación sobre las escuelas a las que se les entregará o no el recurso dependerá de las condiciones del plantel, el nivel de marginación de la comunidad donde se encuentre o si es una comunidad indígena, así como el número de beneficiarios.
Dos años en escuelas provisionales
Mientras tanto, en las escuelas que tuvieron daños estructurales pero que no han sido atendidas por la SEP ni el Inifed, niños y maestros llevan casi dos años tomando clases en aulas provisionales, muchas de ellas construidas dentro de los planteles escolares inhabilitados, al lado de edificios que no se pueden utilizar o en espacios públicos, como parques o estacionamientos.
Este es el caso de la Escuela Secundaria 198 Luis Pasteur, en la alcaldía Iztapalapa, donde mil 300 estudiantes de los turnos matutino y vespertino, así como maestros, directores y trabajadores administrativos comparten 17 aulas prefabricadas que la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México mandó instalar en un estacionamiento localizado en la plaza cívica Martín Campa, a cuadra y media de donde se encuentra el plantel.
Hay hasta 45 alumnos por salón, el espacio se inunda en temporada de lluvias porque no cuenta con drenaje, la comunidad se ha enfrentado a plagas y fauna nociva, la escuela está rodeada por indigentes, así como por personas que utilizan drogas.
En tiempo de calor las aulas son muy calientes y heladas en época de frío, los adolescentes no tienen espacio suficiente para jugar y hacer deporte, y la comunidad entera tiene que compartir 10 baños portátiles —cinco para hombres y cinco para mujeres— que hasta hace dos semanas la SEP mandaba limpiar una vez cada tercer día; esto quiere decir que por lo menos dos días a la semana, 130 personas en un mismo día tenían que utilizar el mismo baño sucio.
“Nos abandonaron a nuestra suerte, desatención total, se metieron recursos para reparar una situación que no se estaba pidiendo. Nos dejaron en condiciones muy lamentables para el trabajo con los niños. Estar en aulas prefabricadas no es adecuado para desarrollar el trabajo”, contó la maestra María Elena Vargas Hernández.
Después del 19 de septiembre, la comunidad no volvió a utilizar su plantel: las paredes están agrietadas, ocho edificios de salones se inclinaron, el inmueble administrativo, el principal, tuvo daños visibles, y el patio se hundió cuando menos cinco centímetros. Han pasado dos años y sólo después de una protesta de padres de familia y maestros fue que la SEP, el Inifed y la alcaldía Iztapalapa anunciaron el inicio de mesas de trabajo para concretar estudios geológicos, demolición de algunos de los edificios y reconstrucción.
“Nuestra escuela sufrió daños muy severos. Lo que pedíamos era un estudio para ver cómo se habían comportado los edificios por la grieta que atraviesa el plantel. Vinieron nueve directores responsables de obra y ninguno determinó nada. Inifed se gastó 2 millones de pesos para construir dos bardas perimetrales alrededor de la escuela, colocar piso nuevo y arreglar un zaguán, pero las obras se quedaron ahí porque la escuela no se puede utilizar. Lo que se pedía era determinar qué tenía la escuela y que se hicieran los arreglos”, explicó la profesora.
