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Las Iglesias deben mantener una “sana distancia” del poder político para no “enturbiar” su misión evangelizadora, afirmó Alfonso Miranda Guardiola, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
En entrevista con EL UNIVERSAL, Miranda Guardiola comentó que para la Iglesia católica la reforma de la Ley de Asociaciones Religiosas debe establecer la colaboración de las instituciones de fe con el gobierno en temas como violencia, migración, construcción de paz y atención a víctimas, sin que ello implique una participación de estas organizaciones en la política.
“Como Iglesia nosotros no podemos interferir o meternos, no podemos identificarnos con gobierno alguno o con un partido, porque violaríamos la misión de la Iglesia y las leyes mexicanas. Más bien debemos tener una sana colaboración para el bien del pueblo, una sana distancia significa no identificación, no vinculación, pero sí trabajo conjunto en bien de la sociedad por los valores humanos”, apuntó.
El también obispo auxiliar de Monterrey resaltó que la Iglesia no puede aliarse con unos y descartar a otros, porque todos los fieles católicos piensan de manera diferente, por lo que se incurriría en una “inadecuada” función.
“La Iglesia tiene sus doctrinas, que son las que expresa en sus predicaciones, habría una inadecuada función de la Iglesia si privilegiaramos a un partido o nos uniéramos a un gobierno, debe haber una sana distancia, pero también una correcta colaboración por el bien del pueblo. De otra manera se podría enturbiar nuestra misión y dejaríamos de lado a muchos otros hijos de Dios que piensan diferente”, aseveró.
Detalló que en las reuniones que líderes religiosos han tenido con el senador morenista Ricardo Monreal se ha avanzado en la discusión para elaborar un proyecto de reforma que beneficie a las asociaciones de todos los credos; previó que el próximo 12 o 14 de agosto se realice un nuevo encuentro con el legislador, donde los representantes de cada Iglesia expresarán sus observaciones sobre el proyecto de modificación.
El vocero del organismo que agrupa a los más de 100 obispos del país indicó que desde hace más de cuatro años la Iglesia católica ha estado elaborando su proyecto para modificar la Ley de Asociaciones Religiosas, mediante el cual buscan que se defina la colaboración entre Iglesias y gobierno, a fin de avanzar hacia una “laicidad positiva”, así como contar con el andamiaje jurídico para continuar con las acciones que han desarrollado en temas como migración y atención a víctimas de la violencia.
“Debemos mirar a las Iglesias como aliados para la construcción de la sociedad, donde cada una pueda aportar lo mejor que tiene para el tema de paz, de libertad de conciencia, y podamos colaborar con el gobierno para el bien de la sociedad en temas de educación, migración, arte, cultura y lo que tiene que ver con el bien de la sociedad”, resaltó.
Indicó que el hecho de que el país sea laico no significa que las asociaciones religiosas sean “antagónicas”, por lo que se debe hacer un reconocimiento en la ley a la función social que realizan las Iglesias, como cualquier otro actor de la sociedad.
Miranda Guardiola indicó que aunque desde hace varios años la Iglesia mantiene colaboración con el gobierno en diferentes áreas, se requiere actualizar la ley a fin de que estas organizaciones participen en la solución de los problemas que aquejan al país.
“Hemos sido respetuosos en los comicios electorales, en cuanto a lo que señala la ley, es un sano respeto que tenemos por el Estado laico y por las leyes que tiene nuestro país. Los fieles católicos están en todos los partidos, no podemos alinearnos a alguno de ellos”, enfatizó.
EL UNIVERSAL publicó en su edición del 25 de julio que un grupo de religiosos de las diversas expresiones de fe que hay en el país se encuentra en diálogo con el coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, con la intención de iniciar el análisis para la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
La Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público ha sufrido tres modificaciones desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en 1992. La primera fue en 2006; la segunda, en 2010, y la tercera, en 2015, pero en ninguna de ellas se ha autorizado el uso de medios electrónicos a las diferentes iglesias.
