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Integrantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano (MC) y de la Revolución Democrática (PRD) cuestionaron el Plan Nacional de Paz y Seguridad que presentó el pasado miércoles el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y con el que pretende crear una Guardia Nacional que mantenga a las Fuerzas Armadas en las calles.
El dirigente electo del PAN, Marko Cortés, aseguró que López Obrador le está fallando a los mexicanos que votaron por él con su plan de seguridad, al incumplir su promesa de campaña de regresar al Ejército a los cuarteles.
En un comunicado, Marko Cortés añadió que la nueva dirigencia nacional, junto con los legisladores, alcaldes y gobernadores del PAN está revisando la propuesta del presidente electo, a fin de poder validar su legalidad y pertinencia.
Cortés consideró que el plan de seguridad de López Obrador centraliza tareas de seguridad y las deja en manos de las Fuerzas Armadas, además de que es regresiva, puesto que se corre el riesgo de atentar en contra de los derechos humanos.
“Nuestra convicción es que el Ejército y la Marina, que gozan del mayor prestigio social, no deban mantenerse de manera permanente realizando tareas que le corresponden a las autoridades civiles. Cuidemos a nuestras Fuerzas Armadas”, destacó Marko Cortés.
En tanto, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, el cual encabeza René Juárez Cisneros, exigió al presidente electo que dé a conocer los detalles de su Plan Nacional de Paz y Seguridad.
En un posicionamiento de ocho puntos, el tricolor consideró que el ingreso de nuevos jóvenes a la Guardia Civil es una condición necesaria, pero no suficiente, para devolver la tranquilidad al país. También define que “no queda claro qué ocurrirá con las policías municipales ni estatales. Su profesionalización es clave”.
“Nosotros siempre hemos reconocido el valor, la lealtad y el patriotismo de las Fuerzas Armadas, porque sabemos que son un baluarte de la estabilidad del Estado mexicano. El mapeo de la República atiende a un diagnóstico claro de la problemática social y territorial del país”, describen los puntos tres y cuatro del proyecto.
A la espera. Sobre el tema, el diputado perredista Antonio Ortega Martínez dijo que López Obrador demostró que no tiene estrategia para combatir a la delincuencia y devolver la paz a México, porque sólo presentó un programa idéntico al del ex presidente Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en el sentido de militarizar al país.
Dijo que es necesario que las organizaciones de la sociedad civil, expertos, partidos y el Poder Legislativo trabajen en las propuestas para resolver la violencia y criminalidad que ha cobrado niveles históricos de víctimas.
Señaló que si bien se espera que el próximo martes Morena presente en la Cámara de Diputados la propuesta de modificación a la fracción 15 del artículo 76 constitucional (Facultades exclusivas del Senado), tal como se dio a conocer el miércoles durante la presentación del plan de seguridad, la bancada del PRD estará pendiente de lo que el coordinador parlamentario, Mario Delgado, presente, puesto que siguen “de error tras error”, debido a que no existe la fracción anunciada, y es con la que se supone, pretenden conformar la Guardia Civil.
Pretenden frenar plan. El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados adelantó que hará todo lo que está en sus manos para que en el combate a la delincuencia organizada haya una “seguridad sin guerra”.
La diputada federal Martha Tagle (MC) aseguró que el pasado jueves se logró que la Ley de Seguridad Interior fuera considerada inconstitucional por el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“Cuando regresé al @senadomexicano, en enero, hice lo que me tocaba para presentar ante @SCJN la acción contra #LSI, a fin de que ésta fuera considerada inconstitucional en su totalidad. Ayer esto se logró. Ahora haré todo lo que esté en mis manos para tener #SeguridadSinGuerra”, posteó Tagle.
Extinción de dominio. El legislador Miguel Ángel Mancera Espinosa (PRD) afirmó que con la reforma constitucional en materia de extinción de dominio, aprobada en la madrugada del viernes por la Cámara de Senadores y devuelta a la Cámara Baja, se faculta al Estado a “poner a trabajar” bienes adquiridos por la delincuencia, incluso mientras dura el juicio.
Mancera Espinosa impulsó incluir en el artículo 22 de la Constitución un párrafo tercero, a fin de que la autoridad administre propiedades muebles e inmuebles de la delincuencia, con lo cual la extinción de dominio dolerá a los delincuentes en su riqueza, dijo el ex jefe de Gobierno.
El senador comentó que por unanimidad del pleno fue aprobada la reserva que propuso en el primer dictamen de modificación constitucional de la 64 Legislatura del Senado de la República.
La extinción de dominio, que ha fracasado en México, será en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador uno de los instrumentos de combate al crimen organizado y es fundamental, dado que debe permitir golpear a la delincuencia en su poder financiero.
